Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora reiteró que no modificará ni flexibilizará las disposiciones establecidas en la Ley 5 de Junio para las estancias infantiles, al asegurar que las medidas de protección civil y seguridad para niñas y niños no están sujetas a negociación. Asimismo, informó que las guarderías agrupadas en Covafam presentan diversas observaciones y no cumplen con algunos de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
Durante una conferencia de prensa, autoridades estatales detallaron las irregularidades detectadas en las estancias infantiles y defendieron la aplicación de la legislación derivada de la tragedia de la Guardería ABC.
¿Qué observaciones presentan las estancias infantiles?
El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, informó que actualmente existen tres estancias infantiles suspendidas, dos con restricciones y 13 con observaciones, por lo que aseguró que ninguna se encuentra libre de señalamientos administrativos.
Tenemos tres estancias suspendidas, dos con restricciones y 13 con observaciones; no hay una que no tenga observaciones”, declaró.
El funcionario explicó que el registro oficial del Gobierno del Estado contempla 18 estancias infantiles, cifra distinta a la señalada por integrantes de Covafam, quienes han mencionado un número mayor de establecimientos.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra López Noriega, indicó que las guarderías agrupadas en Covafam no participaron en la convocatoria anual que concluyó el pasado 18 de abril, además de no cumplir con diversos requisitos contemplados en ella.
Añadió que, durante recorridos realizados en tres estancias infantiles seleccionadas por las propias integrantes de Covafam, se detectaron diversas anomalías, entre ellas la falta de salidas de emergencia en al menos uno de los inmuebles visitados.
¿Por qué no es negociable la aplicación de la Ley 5 de Junio?
Las autoridades coincidieron en que la Ley 5 de Junio tiene como principal objetivo garantizar la integridad física y la seguridad de las niñas y niños que reciben atención en estos espacios.
No es negociable que ninguna estancia infantil no aplique la Ley 5 de Junio”, sostuvo López Noriega, quien aseguró que las modificaciones solicitadas por Covafam buscan establecer disposiciones particulares que no están contempladas en la legislación vigente.
La legisladora explicó que la ley establece criterios con base en las edades de atención infantil, comprendidas entre los cero y cinco años, y no distingue entre etapas educativas, como han argumentado algunos representantes del sector.
Asimismo, señaló que las organizaciones han solicitado que se les permita operar sin la supervisión de Protección Civil, situación que fue descartada por las autoridades estatales.
¿Qué requisitos deben cumplir los centros de educación inicial?
La encargada de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Beatriz Cota Ponce, precisó que la educación inicial comprende desde los cero meses hasta los tres años de edad, mientras que la educación preescolar abarca de los tres años cumplidos al mes de agosto hasta los seis años.
Explicó que la Política Nacional de Educación Inicial, vigente desde marzo de 2022, establece los lineamientos bajo los cuales deben operar los centros incorporados al sistema educativo.
Entre los requisitos indispensables para obtener la incorporación ante la SEC se encuentran contar con un director o directora con formación en educación inicial o preescolar, docentes, asistentes educativos en proporción al número de menores atendidos, además de personal especializado como nutriólogos, médicos y trabajadores sociales.
Cota Ponce detalló que las guarderías pertenecientes a Covafam no están incorporadas a la Secretaría de Educación, por lo que la dependencia no tiene facultades para supervisar el modelo pedagógico que aplican.
Finalmente, las autoridades reiteraron que mantendrán abiertas las mesas de diálogo con las representantes de las estancias infantiles; sin embargo, enfatizaron que la protección de las niñas y niños y el cumplimiento de la Ley 5 de Junio continuarán siendo una prioridad para la administración estatal.
Fuente: Tribuna del Yaqui
