Iguala, Guerrero.- El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, recibió una condena de 60 años de prisión por su responsabilidad en los homicidios cometidos durante los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014, relacionados con el caso Ayotzinapa.

La resolución judicial también alcanza a Felipe Flores Velázquez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública municipal cuando ocurrieron los ataques, así como a otras personas vinculadas con los hechos.

De acuerdo con los reportes publicados este jueves 19 de noviembre, la sentencia fue emitida el 10 de noviembre por Irving Joan González Balleza, juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas.

El fallo contempla los asesinatos de seis personas, además del delito de homicidio simple en grado de tentativa contra 61 víctimas, por la agresión perpetrada por policías municipales contra el equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo.

La resolución establece que Abarca actuó como inductor de los crímenes, mientras que Felipe Flores fue considerado autor mediato.

Las seis víctimas en Iguala

Entre las personas cuyos asesinatos fueron contemplados en la sentencia se encuentran los estudiantes normalistas Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.

También aparecen Blanca Montiel Sánchez, considerada víctima colateral, así como Víctor Manuel Lugo Ortiz, conductor del autobús de Los Avispones, y David Josué García Evangelista, conocido como ‘El Zurdito’, quien formaba parte del equipo de futbol.

Los dos últimos perdieron la vida cuando la unidad en la que viajaban fue atacada a balazos mientras regresaban a Chilpancingo, después de disputar un encuentro deportivo en Iguala.

La agresión contra Los Avispones ocurrió durante la misma jornada de violencia en la que fueron atacados los estudiantes de Ayotzinapa y desaparecieron 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Los futbolistas, varios de ellos adolescentes, viajaban acompañados por integrantes del cuerpo técnico cuando hombres armados dispararon contra el autobús.

Abarca impugnó la sentencia

Aunque la condena establece 60 años de cárcel, el caso todavía tendrá que pasar por una segunda instancia, debido a que la defensa del exalcalde presentó un recurso de apelación.

El abogado Alejandro Rojas argumentó que Abarca no tenía el control operativo de la Policía Municipal cuando ocurrieron los ataques, pues sostuvo que el Ayuntamiento había transferido el mando de la corporación al Gobierno de Guerrero desde mayo de 2014.

El litigante señaló que presentó documentación para respaldar esa postura y cuestionó la valoración que hizo el juzgado de las pruebas aportadas durante el proceso.

Ahora corresponderá a un Tribunal Colegiado de Apelación revisar los argumentos y determinar si confirma, modifica o revoca la resolución de 60 años de prisión.

Familia pide investigar tortura

Tras conocerse la sentencia, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organización que acompaña a la familia de Julio César Mondragón, consideró que la resolución representa un avance después de 12 años de espera, aunque manifestó inconformidad porque no contempla el delito de tortura.

El reclamo está relacionado con las condiciones en las que fue localizado el cuerpo del estudiante el 27 de septiembre de 2014, cuando presentaba graves lesiones y el rostro desollado.

Por ello, la familia y la organización solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue los hechos también como tortura, tomando en cuenta los dictámenes forenses y las evidencias disponibles.

Asimismo, pidieron que durante la revisión de la sentencia se atiendan los aspectos que consideran pendientes y que se garantice una reparación integral del daño.

La nueva condena se suma a otros antecedentes judiciales de Abarca, entre ellos una sentencia de 20 años por el homicidio del activista Justino Carbajal Salgado y otra de 92 años por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, esta última también sujeta a revisión judicial.

Fuente: Tribuna del Yaqui