Mexicali, Baja California.- El gobierno de Estados Unidos aplicó este 29 de septiembre de 2026 un nuevo conjunto de sanciones contra el Cártel de Sinaloa y una red de cómplices políticos. Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que la organización criminmal se mantiene infiltrada en el gobierno de Baja California.
Según Washington, los sobornos pagados a funcionarios de seguridad y operadores políticos permitieron al cártel actuar con impunidad en zonas fronterizas estratégicas para el trasiego de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Los señalados por el Tesoro
El Departamento del Tesoro identificó a tres personas dentro del esquema. Carlos Alberto Torres Torres, exmarido de la gobernadora Marina del Pilar, es descrito como un operador político vinculado al cártel. De acuerdo con el Tesoro, mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix, alias ‘El Ruso’, líder de la facción Los Rusos en Mexicali.
El Departamento de Estado le revocó la visa estadounidense en mayo de 2025 por su presunta afiliación al grupo criminal. Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, habría recibido sobornos y lavado los recursos mediante empresas y campañas políticas.
Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, habría recibido pagos de ‘El Ruso’ a cambio de entregar al cártel el control de la policía municipal. Pigott lo ubicó entre los “operadores políticos” que “presuntamente aceptaron sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa de las fuerzas del orden”.
Rafael Buenrostro Martín fue agente aduanal en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno estatal de Baja California. El comunicado del Tesoro lo describe como allegado de Torres y amigo cercano de José Ángel Rivera Zazueta, líder del Cártel de Sinaloa, a quien habría brindado favores políticos a cambio de sobornos.
Lo dicho por el Departamento de Estado
Pigott afirmó que las designaciones “ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en la gobernanza mexicana”, y añadió que en Baja California “asociados del exmarido de la gobernadora, un exdirector de seguridad pública de Mexicali, y otros operadores políticos presuntamente aceptaron sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa de las fuerzas del orden”.
El vocero indicó también que “esta medida subraya el compromiso de la Administración de Donald Trump de desmantelar la infraestructura operativa y política del Cártel de Sinaloa en México, desarticular las redes que alimentan el tráfico de fentanilo, la violencia y la corrupción, y que amenazan a las comunidades a ambos lados de la frontera”.
Para Pigott, “las designaciones de hoy reflejan el enfoque integral que Estados Unidos está adoptando para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y a las organizaciones terroristas extranjeras con las que se relacionan”. Con esa postura, el gobierno estadounidense dirige sus sanciones no solo a los jefes criminales, sino también a quienes, según sus acusaciones, les abrieron paso desde cargos públicos.
Fuente: Tribuna del Yaqui
