Ixhuatlán, Veracruz.- El pleno del Congreso del Estado de Veracruz aprobó este miércoles 5 de agosto la pérdida de la inmunidad constitucional del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez. La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria con el respaldo de 40 diputados a favor y el voto en contra de ocho legisladores.
Con este resultado, el funcionario ya no cuenta con el fuero que le otorgaba el cargo, por lo cual podrá ser procesado por las autoridades judiciales en relación con el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La solicitud para este procedimiento de declaración de procedencia fue presentada por la Fiscalía General del Estado.
El organismo persecutor investiga al edil por su probable participación como autor intelectual en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio en perjuicio de la comunicadora. Guzmán Ramírez fue vista por última vez el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital y su cuerpo fue localizado sin vida semanas después en la región.
Durante la reunión en la sede legislativa, el alcalde no estuvo presente de forma personal para emitir su defensa frente a los integrantes de la legislatura. Sin embargo, un grupo de abogados acudió en su representación legal para dar seguimiento al proceso.
¿Quién será el suplente?
Luego de la aprobación parlamentaria, el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste deberá convocar a la suplente, Juliana Ruiz Martínez, para que asuma las funciones al frente del municipio. Este paso se dará una vez que el acuerdo sea publicado en el órgano de divulgación del gobierno estatal y se entregue la notificación correspondiente a la autoridad municipal.
Dentro de las indagatorias del expediente, la Fiscalía señala que el edil presuntamente dio la orden de secuestrar a la periodista a raíz de una inconformidad generada por la difusión de una fotografía donde el funcionario supuestamente sostenía un arma de fuego. Esta línea de investigación permanece abierta por parte de los ministerios públicos a cargo de las diligencias.
Por su parte, los representantes legales del alcalde Raúl González rechazaron los señalamientos del ministerio público y argumentaron la ausencia de elementos probatorios suficientes para respaldar las imputaciones. La defensa subrayó que el desafuero no constituye una sentencia ni implica una detención en este instante.
Precisaron que esta acción únicamente faculta al organismo persecutor para continuar con las etapas procesales correspondientes sin el escudo político. Finalmente, recalcaron que González Martínez conserva el estatus de investigado, sin señalamiento frente a un juez hasta la fecha, y manifestaron que el asunto tiene una motivación de origen político.
Fuente: Tribuna del Yaqui