Este 30 de abril celebramos el Día de la Niña y el Niño, una fecha en la que festejamos la alegría, la imaginación y los sueños de quienes representan el presente y el futuro de México y de Sonora. En el país viven más de 30 millones de niñas y niños, de los cuales, más de 560 mil son sonorenses o residen en nuestro estado.
Uno de los compromisos que forman parte de mi agenda legislativa tiene que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes. En 2014, siendo diputada federal fui parte del proceso de creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En la Cámara de Diputados también participé en otros avances legislativos, como la prohibición del matrimonio infantil.
Desde el Senado de la República, he presentado varias iniciativas constitucionales y legales para fortalecer los mecanismos de protección de sus derechos y velar por el interés superior de la niñez, reconociendo la importancia de generar entornos más seguros, adecuados y de crianza positiva para su desarrollo. Por ejemplo, la iniciativa de reforma constitucional para proteger sus derechos en el espacio digital, y la que busca regular el uso de las redes sociales en personas menores de 16 años.
Esta semana también presenté una iniciativa de reforma al artículo 303 del Código Civil Federal para fortalecer la declaración relativa a la responsabilidad de padres y madres biológicos de dar alimentos a sus hijas e hijos; reforzando las medidas de protección de niñas y niños, quienes representan un grupo de atención prioritaria debido a su edad.
Con esta iniciativa se busca dejar claro que, aunque este derecho pueda ser garantizado por otras personas de la red de apoyo familiar, la madre y el padre no podrán renunciar a las obligaciones alimentarias de sus hijas e hijos, las cuales se generan desde el nacimiento.
El artículo 4 de la Constitución establece la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez en cada decisión o acción pública, así como la responsabilidad de ascendientes, tutores y custodios de contribuir a la preservación y exigibilidad de sus derechos. En este tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en favor de garantizar que la madre y el padre cumplan con sus obligaciones alimentarias.
En los juicios de divorcio, uno de los temas más recurrentes es quién se encarga del cuidado de las hijas y los hijos; tema que a veces es problemático en la construcción de acuerdos ante el juez y, recurrentemente, hay casos de incumplimiento. Por ello, es fundamental que la ley sea clara en torno las obligaciones de los progenitores durante el desarrollo de la infancia y la adolescencia.
Por el bienestar presente y futuro de las niñas y los niños, garanticemos su derecho a la alimentación.
Lorenia Iveth Valles Sampedro
Senadora de la República