Washington, Estados Unidos.- Este lunes 19 de octubre, la Administración para el Control de Drogas (DEA) reavivó la acusación de que la corrupción de las autoridades mexicanas habría sido un factor importante en el asesinato de su agente Enrique ‘Kiki‘ Camarena, ocurrido en 1985 en Guadalajara.

Durante un evento sobre el combate al fentanilo en Pensilvania, el titular de la DEA, Terry Cole, afirmó que el homicidio del oficial fue posible debido a la complicidad y corrupción de funcionarios mexicanos a principios de los años ochenta. La declaración de Cole tuvo lugar en Barre-Wilkes, Pensilvania, en un acto sobre la lucha contra el fentanilo al que asistieron también el fiscal general Todd Blanche y la zar antidrogas Sara Carter.

Les pido que apoyen la Semana del Listón Rojo que rinde homenaje a ‘Kiki’ Camarena, un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”, menciona Cole.

El funcionario evitó abundar en situaciones actuales de corrupción y centró su intervención en convocar al apoyo de la conmemoración anual, establecida en 1988 tras la muerte violenta del oficial.

Los cargos judiciales presentados en 1990 contra antiguos servidores públicos de México

Cole omitió profundizar en el expediente judicial abierto en 1990 en una corte estadounidense, el cual sostiene que exfuncionarios mexicanos blindaron a los jerarcas del Cártel de Guadalajara para perpetrar el secuestro y homicidio del agente. Dicha imputación señala directamente a figuras como Manuel Ibarra y Miguel Aldana, entre otros, de haber protegido a capos de la organización criminal como Rafael Caro Quintero durante el crimen.

Desde abril de 2026, el titular de la DEA ha reiterado que la complicidad de políticos y servidores públicos en México constituye el eje central para la operación de los cárteles que introducen drogas a Estados Unidos, advirtiendo que el gobierno de Donald Trump mantendrá la exigencia de llevarlos ante la justicia.

Situación judicial de Caro Quintero

Procesado ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York por el homicidio de Camarena, el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero se encuentra a la espera de definir su situación legal, sin haber concretado hasta ahora un arreglo con la fiscalía estadounidense.

El capo enfrenta cargos formales derivados de una acusación de 2020, la cual abarca conspiración para ultimar a aquellos que obstaculizaran su red criminal entre 1980 y 2018. Durante una breve audiencia de menos de 20 minutos celebrada el 14 de octubre, la defensa y los fiscales discutieron la posibilidad de un acuerdo que evite el juicio previsto para marzo de 2027.

Dicho pacto contemplaría que el narcotraficante se declare culpable del asesinato a cambio de poner fin a su régimen de aislamiento y mejorar sus condiciones carcelarias. Ante esto, el juez Frederic Block instó a ambas partes a agilizar las negociaciones de cara a la próxima comparecencia fijada para el 20 de noviembre, fecha clave para definir si se concreta el convenio.

La DEA va tras el crimen organizado en múltiples naciones

Cole afirmó que la dependencia mantiene abiertas indagatorias y operativos contra miembros del crimen organizado como parte fundamental de su estrategia para proteger la seguridad nacional. De acuerdo con el titular de la DEA, estas redes delictivas operan principalmente en México, Colombia, China y Centroamérica.

Protegeremos y defenderemos la seguridad nacional del gran estado de Pensilvania y de estos grandes Estados Unidos; ya sea que se encuentren en Colombia, México o Centroamérica, la DEA los perseguirá. Estamos aquí para proteger a nuestros ciudadanos bajo el estado de derecho establecido por nuestra Constitución, y no tenemos reparos en afirmarlo”, detalló Cole.

El pronunciamiento de este lunes se alinea con acusaciones anteriores emitidas por el titular de la DEA. En agosto pasado, Cole señaló a jerarcas gubernamentales mexicanos de colaborar de manera directa con las organizaciones criminales, al tiempo que advirtió que la ofensiva contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no se detendrán.

Previamente, en julio de 2026, el gobierno mexicano desestimó declaraciones de la misma naturaleza hechas por el funcionario sobre supuestos vínculos entre autoridades y cárteles de la droga. Mediante un comunicado oficial, el Estado mexicano sostuvo que tales alegatos “carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México”.

Fuente: Tribuna del Yaqui