Ciudad de México.- Artículo 19, México y Centroamérica exigieron una sentencia ejemplar para Mario Marín, exgobernador de Puebla señalado por ordenar la tortura y el secuestro de la periodista Lydia Cacho en 2005, tras destapar una red de pederastia en su libro ‘Los demonios del Edén‘.

En ese contexto, la audiencia de vista programada en Quintana Roo para definir si se le condena o absuelve, la organización calificó el proceso como crucial para el periodismo y la comunidad internacional, advirtiendo que el fallo marcará un precedente sobre la impunidad del poder político frente a las agresiones contra la prensa.

Asimismo, instó a que la decisión judicial se apegue a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.

Cuestiona las decisiones y sanciones dictadas previamente

El Artículo 19 acusó que las penas impuestas a mandos operativos implicados en el caso han sido insuficientes ante la gravedad del delito e incluso resoluciones han supuesto nuevas vulnerabilidades institucionales contra la periodista.

Recordó que el 27 de julio de 2021, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún concedió un amparo a Kamel Nacif Borge y lo liberó de responsabilidad por tortura. La resolución dio lugar a denuncias de presunta corrupción en ese tribunal, de acuerdo con la organización.

El historial judicial previo incluye la exoneración de Juan Sánchez Moreno por el mismo tribunal en julio de 2025, cuya pena original había subido a siete años y medio en apelación. Meses antes, en agosto de 2024, Hugo Karam Beltrán dejó la prisión gracias a un amparo que modificó sus medidas cautelares, aunque su causa sigue pendiente.

Recientemente, el 14 de octubre de 2026, el excomandante Alejandro Rocha Laureano compurgó su sentencia de cinco años y medio y obtuvo su libertad. Ante esto, Artículo 19 advirtió que, si bien su salida no implica inocencia, refleja la lentitud judicial y la ligereza de las penas impuestas en un caso tan grave.

La búsqueda de justicia para Lydia Cacho se prolonga por más de dos décadas

El Artículo 19 recordó que la periodista fue detenida de forma arbitraria el 16 de diciembre de 2005 en Cancún y sometida a un traslado terrestre de más de 20 horas hacia Puebla, lapso en el que enfrentó amenazas de muerte, incomunicación y diversas formas de tortura física, psicológica y sexual.

Esta agresión, precisó la organización, constituyó una represalia por la publicación de ‘Los demonios del Edén‘, libro que documentó redes de explotación sexual infantil protegidas por redes de poder político y empresarial. En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que el Estado mexicano vulneró sus derechos, ordenando la reparación integral y la sanción a los culpables.

Pese a una disculpa pública oficial en 2019, la organización denunció que la justicia se ha entregado “a cuentagotas y entre múltiples violencias”, recordando el allanamiento a su domicilio, el envenenamiento de sus mascotas y el robo de archivos periodísticos que la obligaron al exilio. Desde entonces, Cacho sigue expuesta a amenazas digitales sin condiciones seguras para retornar.

Ante este panorama, y recordando que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009, Artículo 19 llamó a la sociedad y a la comunidad internacional a vigilar la audiencia, exigiendo un fallo imparcial, con pleno respeto al debido proceso, sentencias proporcionales y garantías efectivas de seguridad, no repetición y retorno digno para ella y su familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui