Ciudad de México.- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) notificó a la conductora Inés Gómez Mont y a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, la cancelación de las fichas rojas que estaban vigentes en su contra desde 2021, cuando las autoridades mexicanas solicitaron su búsqueda internacional.
De acuerdo con información publicada este jueves 22 de octubre, la resolución fue tomada por un comité de Interpol y entró en vigor el pasado 25 de septiembre. La notificación también fue comunicada a la defensa de la pareja.
El procedimiento para solicitar la eliminación de las alertas comenzó el 13 de octubre de 2025, cuando los abogados de ambos presentaron argumentos para que se retiraran los registros internacionales de localización.
La cancelación ya había sido informada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 30 de septiembre pasado, cuando señaló que su administración buscaría conocer las razones de la decisión y solicitaría recuperar las fichas rojas.
Los argumentos de la defensa
Entre los argumentos presentados por los abogados se encontraba el señalamiento de que el caso tenía una presunta motivación política, lo que, desde su perspectiva, contravendría las normas de Interpol.
La defensa también sostuvo que la entrega de Gómez Mont y Álvarez Puga a México podría exponerlos a una detención arbitraria por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Además, argumentó que la exposición pública del asunto podría afectar su derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia.
Hasta el momento, no se ha difundido una explicación detallada de Interpol sobre los motivos que sustentaron la resolución. El Gobierno mexicano había señalado que esperaba recibir información al respecto y que buscaría revertir la medida.
Órdenes de arresto continúan en México
La eliminación de las fichas rojas no significa que las investigaciones contra la pareja hayan concluido ni que las órdenes de aprehensión mexicanas hayan quedado sin efecto.
La Fiscalía General de la República (FGR) relaciona a ambos con una investigación por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de un caso que también involucra señalamientos de irregularidades fiscales y un supuesto esquema de empresas factureras.
Las autoridades mexicanas han situado el monto relacionado con las operaciones investigadas en cerca de 3 mil millones de pesos, vinculados con presuntas irregularidades en contratos para servicios de seguridad en centros penitenciarios federales.
De acuerdo con las reglas publicadas por la propia Interpol sobre las fichas rojas, estas alertas sirven para localizar a personas buscadas y solicitar su detención provisional con fines de extradición u otras acciones judiciales. No constituyen por sí mismas órdenes internacionales de arresto.
Por ello, aunque la pareja ya no figure bajo esas alertas internacionales, México todavía puede mantener las órdenes de aprehensión y recurrir a otras vías legales para buscar su comparecencia ante la justicia.
Fuente: Tribuna del Yaqui