Chihuahua, Chihuahua.- César Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado de Chihuahua, fue detenido la mañana de este sábado 17 de octubre por delitos relacionados con la presencia e incursión armada de agentes de la CIA, durante un operativo en un laboratorio clandestino de drogas en la sierra tarahumara.
La captura ocurrió durante un operativo desplegado en el Periférico de la Juventud y la avenida La Cantera, una de las zonas viales con mayor afluencia de la capital chihuahuense.
De acuerdo con los reportes preliminares, el exfuncionario fue interceptado antes de subir a un puente, en la zona conocida por ciudadanos como la “curva de los choques”. Hasta ahora, ninguna autoridad ha emitido un posicionamiento oficial para confirmar la captura ni detallar su situación jurídica, por lo que el caso se mantiene como información en desarrollo.
¿Qué se sabe de la detención?
Según la información difundida hasta el momento, el operativo se realizó durante las primeras horas de la mañana. La imagen que circula en redes muestra al menos cinco unidades alrededor de la camioneta de César Jáuregui Moreno.
Las versiones iniciales indican que los agentes detuvieron el vehículo sobre la vialidad, bajaron al exfiscal y ejecutaron la orden de aprehensión en el lugar. La movilización llamó la atención de automovilistas y ciudadanos por la cantidad de elementos de seguridad desplegados en plena calle.
¿De qué acusan al exfiscal?
De manera preliminar, el Ministerio Público acusa a César Jáuregui Moreno de dos presuntos delitos: ejercicio ilegal del servicio público y coalición. De acuerdo con la información difundida, incurre en ejercicio ilegal del servicio público quien continúe ejerciendo funciones después de saber que su nombramiento fue revocado o que fue suspendido o destituido.
También se contempla este delito cuando una persona sustrae, destruye, oculta, altera, utiliza o inutiliza indebidamente información o documentación bajo su custodia o a la que tuvo acceso por su cargo.
Para las conductas señaladas en las fracciones II y III referidas en la fuente, la sanción prevista es de 1 a 3 años de prisión y de 25 a 250 días multa. Para las conductas de las fracciones IV, V y VI, la pena es de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 500 días multa.
En el caso del delito de coalición, la fuente indica que se castiga a los servidores públicos que, con el fin de impedir o suspender funciones legislativas, administrativas o jurisdiccionales, se coaliguen y tomen medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición general, o impidan su aplicación o ejecución. La sanción prevista es de 2 a 7 años de prisión y de 100 a 300 días multa.
Fuente: Tribuna del Yaqui