Chetumal, Quintana Roo.- Una mujer llamada Georgina ‘N’, quien trabajaba en labores de seguridad pública como parte de la Guardia Nacional, fue aprehendida en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplieron una orden girada por un juzgado federal y trasladaron a la detenida hacia el estado de Durango, donde fue presentada ante un juez de control que atiende asuntos en el Centro de Justicia Penal Federal.

Una agente del Ministerio Público Federal, quien pertenece a la fiscalía encargada de asuntos de derechos humanos, presentó ante el juez las pruebas reunidas hasta ese momento.

Con base en esa información, el juzgador resolvió que existían elementos suficientes para dar inicio al proceso penal en contra de la servidora pública, a quien se le atribuye una probable participación en los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado con ventaja.

Los hechos investigados

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los sucesos se remontan a marzo de 2022, en el municipio de Vicente Guerrero, Durango. Se señala que Georgina ‘N’ condujo un vehículo y subió a bordo a una persona, quien permaneció sin ser localizada durante varios días.

Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue hallado sin vida. La investigación busca esclarecer las circunstancias de la desaparición y del homicidio, así como el grado de responsabilidad que pudo tener la detenida en ambos hechos.

¿Cómo fue la captura?

La localización y detención de Georgina ‘N’ fue posible gracias a la coordinación entre distintas corporaciones y dependencias que participaron en la búsqueda. Esa colaboración permitió ubicarla en Quintana Roo y trasladarla hasta Durango para que enfrentara el proceso ante la autoridad judicial competente.

Georgina ‘N’ fue trasladada al Centro Federal de Reinserción Social número 16, situado en el estado de Morelos, donde permanecerá recluida durante el desarrollo de la causa. Las autoridades federales indicaron que la mujer se desempeñaba en funciones de seguridad al momento de su detención, aunque no se reveló el cargo que ocupaba.

El juez impuso a la acusada la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluida mientras avanza el procedimiento. Además, otorgó un plazo de tres meses para que el Ministerio Público continúe reuniendo elementos y cierre la investigación complementaria. Durante ese periodo, ninguna de las partes podrá solicitar que la servidora pública enfrente el proceso en libertad.

Fuente: Tribuna del Yaqui