Santiago Choápam, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó la aprehensión de dos servidores públicos de la comunidad de Santiago Choápam, ubicada en la región de la Cuenca. Se trata del síndico municipal, Jorge Méndez Martínez y del regidor de Hacienda, Abelino Bartolo Cruz.
Ambos son señalados por cometer agresiones continuas y coacción contra la presidenta municipal, Dolores Luciana Valadez, en el marco del ejercicio de sus funciones al frente del ayuntamiento.
¿Cómo sucedió el crimen?
Los acontecimientos que dieron origen a la causa sucedieron en junio de 2026. La alcaldesa acudió a una reunión programada en la cancha municipal de la agencia de Santo Domingo Latani, espacio donde coincidió con autoridades comunitarias, representantes locales y vecinos del lugar.
Durante la asamblea, la alcaldesa sufrió desacreditación pública, amedrentamientos y amenazas. Valadez permaneció retenida en el sitio contra su voluntad con el objetivo de forzar su salida del gobierno municipal. Tras obligarla a firmar un acta para pactar su renuncia y desconocer su autoridad, fue liberada al día siguiente.
La alcaldesa denunció los hechos
Un mes después de la privación de su libertad, la alcaldesa expuso la situación en medios de comunicación locales durante el mes de julio. En esa ocasión, la funcionaria hizo público el acoso constante recibido por tres miembros del ayuntamiento: el síndico Jorge Méndez Martínez, el regidor Abelino Bartolo Cruz y la tesorera Liliana Gómez Illescas.
Según lo manifestado en su acusación, las agresiones comenzaron desde el inicio del mandato. Los señalados cuestionaban de forma reiterada su capacidad para gobernar el municipio por ser ama de casa, lo que sustentó las denuncias por violencia política en razón de género.
Estado del proceso legal
A raíz de las denuncias presentadas, las autoridades ministeriales abrieron las indagatorias correspondientes para recopilar los elementos probatorios y comprobar la responsabilidad de los señalados.
Con los datos obtenidos, un juez emitió los mandatos de captura contra el síndico y el regidor. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad competente que dará seguimiento al asunto para resolver la situación jurídica de los procesados.
Fuente: Tribuna del Yaqui