Toluca, Estado de México.- Jaime Noé Hernández Bocanegra, extitular de la Dirección General de Personal en el Gobierno del Estado de México, resultó aprehendido el pasado 11 de julio en Guanajuato. Las acusaciones en su contra señalan una supuesta participación en la venta de plazas del magisterio dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti).
Los datos que constan en el Registro Nacional de Detenciones indican que los agentes realizaron el arresto durante las horas de la tarde del sábado en el municipio de San Diego de la Unión, de forma exacta en la vía primordial de la comunidad conocida como Presa de Monjas.
Una vez que se completó su captura, el sujeto fue llevado a las sedes de la Fiscalía local para luego ser entregado a los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Hasta el día de hoy no se han entregado más pormenores respecto al proceso legal, el cual se asocia con un esquema de corrupción de gran escala. Se mantiene la expectativa de que los juzgados y las autoridades den noticias sobre su estado jurídico en los próximos días.
Las averiguaciones sobre el sistema de plazas para docentes que resultaron ser falsas en el Estado de México han puesto el foco sobre diversos actores de este ámbito profesional. Los datos más recientes aportados por la Fiscalía del estado aclaran que existen 33 personas que enfrentan un proceso judicial, de las cuales 28 ya fueron capturadas y vinculadas a proceso, conforme al reporte que se actualizó el pasado 2 de julio.
¿Cuáles fueron las afectaciones económicas?
La actividad ilícita generó un perjuicio económico que se aproxima a los 100 millones de pesos. Esta suma es la consecuencia de encontrar 459 procesos de alta vinculados a puestos de trabajo magisteriales que no tenían existencia real.
Las acciones ocurrieron de enero de 2025 a febrero de 2026. En este lapso, los sujetos que cometieron estos actos lograron el desvío de recursos de gran cuantía mediante el manejo de identidades falsas y registros de pago que no eran auténticos.
Los trabajos de revisión muestran que los implicados de estos hechos percibían sumas de dinero que rebasaban los cuatro millones de pesos cada catorce o quince días. Además, cobraban pagos extra por prestaciones como el aguinaldo, el apoyo para vacaciones y otros bonos económicos.
Estos números podrán ser objeto de revisión y cambios con efectos hacia atrás desde el año 2021. Esto representaría un daño todavía más grande para el dinero público en el supuesto de que se comprueben más actos de fraude en periodos pasados.
Fuente: Tribuna del Yaqui