Cancún, Quintana Roo.- Jorge Luis Fonseca Contreras, expolicía ministerial, recibió una condena de 87 años y 6 meses de prisión por su participación en la desaparición de un hombre y una mujer en Cancún, ocurrida en febrero de 2020.
El fallo judicial emitido por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo establece que el sentenciado tuvo responsabilidad en el acto contra Jorge Armando Kiau Rodríguez y Diana García Rivera, de 22 años de edad, quienes fueron secuestrados en un club nocturno mediante un despliegue armado que aparentó ser un operativo de seguridad pública.
¿Cómo sucedió el secuestro?
El suceso tuvo lugar en las primeras horas del 22 de febrero de 2020 en el municipio de Benito Juárez. Según los registros procesales, las víctimas estaban dentro del bar Imperio Night Club cuando sujetos con armas y rostros cubiertos entraron al local para llevárselas por la fuerza.
Los testimonios indican que los agresores usaron camionetas para mover a la pareja hacia la delegación Alfredo V. Bonfil. Desde aquel momento, no existe información que permita hallar a los afectados, lo que mantiene el caso como una búsqueda activa.
La presión de los familiares resultó fundamental para avanzar en el proceso penal. Luisa Rodríguez Castro, madre de Jorge Armando, aportó grabaciones de video e información que al principio no figuraban en el expediente.
La familia solicitó que el asunto se analizara bajo el concepto de desaparición forzada ante la sospecha de que servidores públicos usaron sus cargos para facilitar el ilícito.
La implicación del expolicía
La acusación comprobó que Fonseca Contreras conocía la ubicación de los jóvenes dentro del inmueble y pactó las acciones con un sujeto identificado como Roberto ‘N’, alias ‘Puebla’, quien todavía espera una resolución de su situación jurídica.
El proceso demostró que el grupo agresor simuló actividades de vigilancia para concretar el traslado de las víctimas sin despertar sospechas de los presentes en el sitio.
La resolución del juez impone, además de la privación de libertad, una multa por 1 millón 216 mil 320 pesos. También se fijó un pago de 623 mil 493.20 pesos para resarcir el daño a las familias por cada una de las personas desaparecidas.
Aunque el exagente ya tiene una sentencia impuesta, la búsqueda de los jóvenes continúa siendo la prioridad de los familiares, quienes han denunciado omisiones durante los primeros meses del expediente.
Fuente; Tribuna del Yaqui