Cuernavaca, Morelos.- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, obtuvo una resolución favorable por parte de un juez federal que lo deslinda de la acusación por delincuencia organizada. Esta sentencia permite que el político abandone el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) situado en Morelos, sitio donde permanecía desde el año 2018.

El cambio de situación jurídica implica que podrá seguir su proceso por lavado de dinero bajo la modalidad de prisión domiciliaria, tras no comprobarse su participación en un estructura criminal dedicada a operaciones con recursos de procedencia ilícita. El cambio de medidas cautelares se hará efectivo tras el cumplimiento de requisitos como el uso de un localizador electrónico y el pago de una fianza económica.

Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, integrante del Centro de Justicia Penal Federal de Xochitepec, Morelos, dictaminó que la Fiscalía General de la República (FGR) careció de pruebas para demostrar la responsabilidad penal del exgobernador en el rubro de delincuencia organizada.

La importancia de este acto jurídico reside en que, de haber prosperado la acusación, Borge Angulo enfrentaba una posible pena de entre 20 y 40 años de cárcel. Con este fallo, el proceso legal del exservidor toma un rumbo distinto al desestimarse uno de los señalamientos más graves en su contra. No obstante, el beneficio no significa libertad absoluta.

Borge no estará libre

El exintegrante del PRI mantiene abierto un expediente por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sobre esta carpeta de investigación, ya contaba con el derecho de seguir el juicio fuera de los muros del penal desde el año pasado, pero la vigencia de la otra causa penal impedía su salida. Al caer el cargo por delincuencia organizada, las medidas dictadas en 2023 pueden entrar en vigor.

La defensa de Borge Angulo ya solventó las peticiones del Poder Judicial, tales como el depósito de la garantía y la logística para el brazalete de monitoreo. Se estima que el traslado hacia su lugar de resguardo ocurra antes de finalizar el mes de mayo.

Durante su estancia en el domicilio designado, el imputado deberá acatar pautas: portar el dispositivo de geolocalización, limitar su movilidad según lo ordenado por el juez y estar disponible para futuros llamados del tribunal. El proceso por lavado de dinero seguirá su curso mientras el exgobernador permanece bajo vigilancia en una propiedad privada.

Fuente: Tribuna del Yaqui