Asunción, Paraguay.- El presidente paraguayo Santiago Peña dimitió este jueves 5 de noviembre presionado por el colapso del sistema bancario y una amenaza inminente de destitución legislativa.

¿Qué detonó el juicio político contra Santiago Peña?

La crisis escaló tras la acusación presentada por 35 diputados contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, señalados por supuestas anomalías relacionadas con la intervención del Ueno Bank por parte del Banco Central.

Mientras la Cámara de Diputados abría el debate para calificar el juicio político (el cual exige una mayoría de dos tercios para ser turnado al Senado), el titular del Congreso, Basilio ‘Bachi‘ Núñez, demandó públicamente la salida inmediata del mandatario, advirtiendo que, de no dimitir, sumaría su voto para removerlo.

Reclamamos la renuncia del presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas”, se pronunció el legislador en X.

Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”, agregó Núñez.

La bancarrota del Ueno Bank detonó la tormenta política el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó su cierre inmediato. La autoridad monetaria intervino la entidad tras confirmar un colapso en sus estados financieros, destacando un deterioro patrimonial crítico que situó su nivel de solvencia por debajo del 50 por ciento del mínimo legal requerido.

La medida congeló los fondos de cerca de tres millones de usuarios, desatando una oleada de protestas sociales por la pérdida de acceso a sus ahorros. A la par del descontento en las calles, la oposición parlamentaria vinculó directamente al presidente Santiago Peña con el colapso financiero.

Senadores y diputados lo señalaron por un presunto conflicto de intereses, acusándolo de haber instrumentado ajustes regulatorios a modo y de haber desviado fondos previsionales públicos para inyectar liquidez y favorecer a la institución privada.

Durante la sesión en el Congreso, la postura opositora exigió responsabilidades que van más allá del ámbito institucional; el diputado Pastor Vera Bejarano enfatizó que la destitución o renuncia del ejecutivo resultaba insuficiente si no se garantizaba la restitución integral del dinero a las miles de familias afectadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui