Ciudad de México.- Una jueza federal concedió la suspensión definitiva a Ernesto Guillermo Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, como parte del juicio de amparo que promovió contra su vinculación a proceso por el presunto delito de huachicol fiscal, relacionado con el uso de ferrotanques para el traslado de hidrocarburos.
Jueza concede suspensión definitiva a Ruffo
De acuerdo con los registros judiciales del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México, concedió la suspensión definitiva solicitada por el político panista.

Conceden suspensión definitiva a Ruffo Appel contra vinculación a proceso; permanece en prisión domiciliaria
La resolución corresponde al amparo promovido por Ruffo Appel por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos; sin embargo, los registros judiciales no precisaron cuáles serán sus efectos ni los alcances que tendrá dentro del procedimiento penal.
¿Ernesto sigue en prisión domiciliaria?
La definitiva se otorgó después de que el exmandatario estatal recibiera inicialmente una suspensión provisional en el mismo juicio de amparo; además, cumple un mes en prisión domiciliaria en su residencia de Ensenada, luego de permanecer dos meses y medio recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
La medida de prisión domiciliaria fue concedida a Ruffo Appel debido a su condición de persona adulta mayor y a los problemas de salud que presenta, factores que fueron considerados por la autoridad judicial para determinar que pueda continuar su proceso bajo esta modalidad.
¿De qué acusan a Ernesto Ruffo en el caso de huachicol fiscal?
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que cuenta con diversos datos de prueba que relacionarían al exgobernador con una presunta red de contrabando de combustible que operaba mediante ferrotanques.
De acuerdo con las investigaciones, Appel habría participado en estas operaciones en su calidad de accionista y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar. La compañía, relacionada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, presuntamente registró movimientos millonarios en cuentas bancarias nacionales que no corresponderían con su perfil fiscal.
Entre los elementos de prueba que la FGR asegura haber reunido se encuentran dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información financiera; el procedimiento judicial continúa mientras se desconocen los efectos concretos de la suspensión definitiva concedida al exgobernador de Baja California.
Fuente: Tribuna del Yaqui
