Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 21 denuncias penales contra alrededor de 30 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, por el probable desvío de más de 600 millones de pesos entre 2020 y 2024.
¿Qué dependencias y entidades se encuentran bajo investigación?
Las acusaciones se refieren a anomalías en dependencias federales, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Talleres Gráficos de México, así como el gobierno de Nayarit, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y los municipios de Valle de Bravo y Donato Guerra, en el Estado de México; Alvarado, Veracruz; Matehuala, San Luis Potosí, y Maravatío, Michoacán.
¿Por qué la ASF presentó denuncias ante la FGR?
Tras entregar a la Cámara de Diputados la primera parte de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2025, correspondiente al primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el auditor superior Aureliano Hernández Palacios puntualizó que comenzaron con la revisión de expedientes, mientras detectaban posibles actos de corrupción que son materia de un delito, que fue lo que presentaron ante la FGR.
Prácticamente, también de tres órdenes de gobierno, y no importa para nosotros si el monto es muy grande o muy pequeño, pero estamos hablando de denuncias que corresponden a cerca de un posible desvío de 600 millones de pesos”, detalló el auditor en conferencia de prensa.
A su vez, también interpusieron ante la autoridad substanciadora 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves, derivadas de la detección de colusiones en procedimientos de contratación pública, y han dado inicio a 31 expedientes de investigación respecto de entes de los tres órdenes de gobierno.
Fiscalización y crimen organizado
En conferencia de prensa posterior, el auditor superior aseguró que la institución trabaja en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para evitar y, en su caso, sancionar el eventual desvío de recursos públicos hacia el crimen organizado.
Hacemos auditorías con un carácter integral para que no quede ni una parte del presupuesto que no tengamos identificada hasta el beneficiario final de ese recurso”, remarcó.
ASF denuncia ante la FGR posible desvío de 600 millones de pesos; indaga a 30 funcionarios
Incluso el legislador Arturo Hernández Tapia, de Morena, instó a la ASF a proteger a los auditores en zonas bajo control del crimen organizado para garantizar la fiscalización sobre los gobiernos locales: “Que se diseñen estrategias a fin de proteger el territorio de los auditores en zonas controladas por el crimen organizado”.
Fuente: Tribuna del Yaqui