Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó la madrugada de este viernes 29 de mayo de 2026 una reforma electoral para crear un mecanismo que permita detectar posibles vínculos criminales en aspirantes a cargos públicos antes de ser registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE). La nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas fue avalada tras una discusión de solo 35 minutos y aplicará rumbo a las elecciones de 2027.
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue aprobada con 85 votos a favor y 40 en contra en lo general, mientras que en lo particular obtuvo 84 votos favorables y 41 en contra. Debido a que se trata de una modificación a una ley secundaria, el decreto será enviado directamente al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
¿Qué es la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas?
La nueva comisión funcionará como un órgano técnico permanente dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) y tendrá como objetivo revisar perfiles de aspirantes a cargos de elección popular federales y locales para detectar posibles riesgos relacionados con delincuencia organizada o actividades ilícitas. El mecanismo analizará información proporcionada por partidos políticos y candidatos independientes antes de que formalicen su registro ante la autoridad electoral.
La comisión estará integrada por tres consejeras o consejeros electorales, y deberá quedar instalada antes del inicio del proceso electoral de 2027, cuando se renovarán 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas.
¿Cómo funcionará el filtro contra narcocandidatos?
La reforma establece que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas trabajará en coordinación con instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Con apoyo de estas dependencias, el organismo realizará análisis de riesgo sobre las personas propuestas por partidos o candidaturas independientes para determinar si existe un “riesgo razonable” de vínculos con actividades delictivas.
Sin embargo, el mecanismo no tendrá facultades para cancelar candidaturas ni impedir registros. Sus conclusiones serán únicamente informativas y cada partido decidirá si utiliza o no los resultados antes de postular oficialmente a sus aspirantes.
El proyecto también señala que la participación será voluntaria tanto para los partidos políticos como para candidatos independientes, y que la información entregada podrá ser parcial o completa.
¿Por qué se aprobó tan rápido la reforma?
El proceso legislativo generó críticas debido a la velocidad con la que avanzó en el Senado. Aunque inicialmente las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos tenían programada la discusión para las 8:00 horas del viernes, ambas retiraron el turno poco después de las 2:00 de la madrugada.
Posteriormente, el pleno declaró el tema como de urgente resolución y dispensó los trámites legislativos para discutirlo directamente.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, justificó el procedimiento argumentando que la cercanía de los procesos electorales obliga a tomar decisiones rápidas para fortalecer la confianza ciudadana en las candidaturas.
¿Qué dijeron Morena y la oposición sobre la reforma?
Morena y sus aliados defendieron la creación del filtro electoral al señalar que busca impedir que grupos delictivos influyan en los procesos democráticos mediante candidaturas vinculadas al crimen organizado.
La senadora morenista Lilia Margarita Valdez Martínez aseguró que el nuevo organismo permitirá realizar análisis preventivos y fortalecer la integridad de las elecciones.
Desde el PVEM, María del Rocío Corona Nakamura afirmó que el mecanismo responde a una preocupación histórica sobre la infiltración de intereses ilícitos en cargos públicos.
En contraste, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la efectividad y alcances reales de la reforma. La panista Laura Esquivel Torres criticó que no existan sanciones para partidos que postulen perfiles relacionados con actividades criminales.
Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo Medina, sostuvo que las autoridades de seguridad y procuración de justicia deberían encargarse directamente de perseguir a delincuentes, en lugar de crear nuevas estructuras dentro del INE.
Fuente: Tribuna del Yaqui