La frase puede parecer provocadora, pero resume una contradicción que atraviesa buena parte de la discusión sobre el litio. Mientras el país reservó al Estado el control de este recurso y lo colocó en el centro de la narrativa de soberanía energética, persisten asuntos mucho más complejos: las decisiones estratégicas siguen dependiendo de tecnología, infraestructura y financiamiento que México aún no posee, todavía no existe claridad sobre quién capturará las ganancias generadas por esta actividad, y los costos ambientales y sociales recaerán, en buena medida, sobre los territorios donde eventualmente se desarrollen los proyectos.

El litio se convirtió en uno de los minerales más disputados del mundo debido a su papel en la fabricación de baterías y sistemas de almacenamiento energético. Su demanda crece, los gobiernos compiten por asegurarlo y las empresas buscan posicionarse en una cadena productiva que mueve miles de millones de dólares. Sin embargo, la riqueza asociada al litio no se concentra necesariamente donde se extrae. Los mayores márgenes económicos suelen encontrarse en el procesamiento avanzado de materiales, las patentes, la innovación tecnológica y la fabricación de componentes.

La disputa, en consecuencia, no ocurre únicamente bajo tierra.

México decidió participar en ella mediante la reforma a la Ley Minera de 2022, que declaró al litio patrimonio de la Nación y reservó al Estado su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento. Meses después nació Litio para México (LitioMx), organismo público encargado de conducir esta política. Se resolvió una disputa jurídica. Pero no resolvió el problema principal.

La principal limitación consiste en que México pretende incorporarse a una industria altamente especializada sin contar todavía con infraestructura suficiente para procesar el mineral, sin tecnología propia para aprovechar los depósitos de arcilla identificados y sin los recursos financieros que exige una actividad de esta escala.

Argentina, Bolivia y Chile siguieron rutas distintas para administrar sus recursos de litio. Los resultados también fueron distintos, pero ninguno logró resolver automáticamente los desafíos asociados a la industrialización, la innovación tecnológica y la generación de encadenamientos productivos locales.

Durante los primeros años posteriores a la reforma predominó el entusiasmo alrededor del potencial del litio, mientras seguían sin resolverse asuntos concretos como la viabilidad de los yacimientos, los métodos de extracción y el destino industrial del mineral. El Programa Institucional de Litio para México 2026-2030 intenta responder parte de esas incertidumbres mediante metas relacionadas con exploración, materiales activos y almacenamiento energético. Sin embargo, el propio documento permite dimensionar la magnitud del desafío. Varias de sus metas parten prácticamente desde cero. La planta piloto, las capacidades de procesamiento y buena parte del conocimiento especializado necesario para operar la industria todavía están por desarrollarse.

Existe además una limitación poco discutida, buena parte de los recursos identificados en México se localizan en depósitos de arcilla cuya explotación comercial todavía requiere investigación, adaptación tecnológica y validación a escala industrial. En Sonora se observa con claridad esta situación, el proyecto de Bacadéhuachi colocó al estado en el centro de la conversación internacional sobre el litio. Durante años fue presentado como una pieza clave del futuro energético del país. Sin embargo, pese a la atención que ha recibido, México aún no registra producción comercial de litio derivada de este proyecto. Entre las expectativas y los resultados hay una brecha difícil de ignorar.

El debate público sobre el litio suele concentrarse en reservas, inversiones y proyecciones económicas, mientras los impactos territoriales permanecen en un segundo plano. Mucho menos atención reciben las implicaciones para regiones caracterizadas por la escasez de agua, las formas en que serán evaluados los impactos ambientales o el margen real de participación que tendrán las comunidades en decisiones capaces de transformar sus territorios durante décadas. La distribución de beneficios, responsabilidades y riesgos continúa siendo uno de los vacíos más importantes de la discusión. Mientras las ganancias potenciales suelen ocupar el centro del debate, existe mucho menos claridad sobre quién responderá por las afectaciones ambientales, los conflictos sociales o los costos derivados de proyectos que no alcancen la viabilidad esperada.

Estas cuestiones suelen aparecer al final de la conversación, cuando en realidad deberían aparecer al principio, en cualquier tipo de proyecto que implique territorio, comunidades y recursos naturales. Las reformas que reservaron al Estado el aprovechamiento del litio han superado hasta ahora los principales cuestionamientos constitucionales. Pero la legalidad de una política no garantiza su viabilidad económica, tecnológica o social. Porque el debate sobre el litio inicia cuando se define quién es propietario del recurso.

La reserva estatal resolvió una discusión jurídica importante, pero no modificó las condiciones estructurales de una industria dominada por empresas que concentran tecnología, patentes, experiencia industrial y acceso a mercados. Tampoco resolvió los problemas de financiamiento, transferencia tecnológica y formación de capacidades que exige cualquier estrategia de largo plazo.

Durante años la discusión se concentró en la propiedad del litio. Sin embargo, la propiedad nunca fue el principal desafío. El reto consiste en convertir un recurso geológico en infraestructura, conocimiento, tecnología y actividad económica en un país que todavía depende de capacidades desarrolladas fuera de sus fronteras.

El decreto ya existe. La industria todavía no. Mientras esa distancia persista, el debate seguirá abierto.

Porque la discusión sobre el litio nunca ha sido únicamente sobre minerales. Es una discusión sobre quién toma las decisiones, quién obtiene los beneficios y quién asume los costos en los territorios donde esos recursos se encuentran.

Columna de opinión, responsabilidad de quien escribe