Conmemorar las ausencias exige emplear las palabras con rigor. A nivel global, la ONU declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta fecha se retoma en la República Mexicana para promover la concienciación sobre este tipo de desapariciones. Más allá del calendario, el reto ciudadano se halla en defender el significado solemne de esta conmemoración para evitar la amnesia colectiva.
Existe hoy una preocupante tendencia a nombrar como desaparición forzada a casi cualquier ausencia de una persona. Así, se le dice desaparición forzada por ejemplo al secuestro perpetrado por grupos delincuenciales. Desde luego que esos delitos de desaparición cometida por particulares son sumamente graves, deben ser erradicados, por supuesto. Sin embargo, el peligro de utilizar los conceptos sin ese rigor del que hablamos es que les resta fuerza a la hora de exigir justicia. La desaparición forzada implica, por definición, la participación, omisión o consentimiento del Estado. Si a todo crimen le llamamos igual, deslindamos a los agentes públicos —presentes, pasados y futuros— de su responsabilidad penal e histórica. Nombrar delitos por lo que son no significa atacar a las instituciones, es defender el acceso a la justicia, exigiendo que los servidores públicos no sean cómplices en ningún nivel o ámbito.
Esto nos obliga también a mantener presente la memoria dolorosa de Sonora. En las décadas de los 60, 70 y 80, el sur de nuestro estado y las comunidades universitarias sufrieron la desaparición de líderes agrarios y estudiantiles a manos de integrantes del aparato estatal. Las nuevas generaciones desconocen estos casos porque la educación tradicional los borró de las aulas y de los textos. Muchos estudiamos carreras donde los crímenes de la Guerra Sucia ni siquiera se discutían.
Por ello, es un imperativo ético desarticular el prejuicio de que las víctimas de desaparición forzada “eran solo guerrilleros o rebeldes”. Eran seres humanos que merecen respuestas ante un crimen continuo que se sigue cometiendo mientras no aparezcan. Hacer esta distinción no busca minimizar la tragedia contemporánea. Los colectivos de búsqueda en Sonora, integrados en su mayoría por mujeres que rastrean a personas desaparecidas por particulares, el crimen organizado o autoridades, evidencian con su trabajo la dolorosa omisión de las fiscalías para investigar estos delitos.
Necesitamos convertirnos en una ciudadanía más sensible, empática y comprometida con la historia de nuestra región. No podemos conformarnos con soluciones de escritorio. Debemos acercarnos y escuchar tanto a los colectivos actuales como a las familias de quienes aún desconocen el destino que tuvieron. Conocer sus nombres, documentar e informarnos es la única vía para sanar las heridas de nuestros pueblos y exigir que se transforme esta terrible realidad.