El próximo domingo 6 de junio, en México se estarán disputando cuatro mil 100 cargos de elección popular, entre gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y senadores pero, si se considera que cada candidato a presidente municipal incluye un cuerpo de ediles, la cifra sube a 19 mil posiciones en contienda.

Es de esperarse que, como cada tres años en periodo electoral, sea el Instituto Nacional Electoral (INE) el responsable de garantizar que el proceso, especialmente en el día de la elección, se desarrolle con respeto, con tranquilidad y con legalidad y, en el supuesto de surgir alguna irregularidad que impida el cumplimiento de alguno de los anteriores postulados, sea el máximo órgano, el que con toda autoridad, controle y dirima.

Sin embargo, y con especial referencia al INE, la frase “con toda autoridad”, desde ya, por sí misma causa escozor. La verdadera autoridad se construye cuando se alinean el poder legal, es decir, la responsabilidad; el saber, o sea, la capacidad; y el ser, es decir, la integridad. Cuando falta alguna de estas cualidades, el reconocimiento se debilita y la autoridad se convierte en autoritarismo o imposición.

Una autoridad no lo es solo por el poder o la fuerza, sino por el respeto voluntario de los demás. Por eso es importante que la autoridad sea legítima y legal. Nadie reconoce como autoridad legítima a quien actúa de forma arbitraria o al margen de la ley.

A la autoridad se le exige también demostrar que sabe lo que hace. El reconocimiento público nace del respeto a su experiencia, habilidad y criterio para resolver problemas con decisiones firmes, oportunas y bien fundamentadas. Sus hechos deben coincidir con sus dichos. La transparencia y la rectitud moral son indispensables para generar confianza, al igual que la capacidad para explicar el porqué de las decisiones y hacerse cargo de las consecuencias de las mismas, tanto de los éxitos como de los errores, sin buscar culpables externos.

Al INE le quedan poco más de seis meses para demostrar que, como institución, sigue siendo digna de ser la responsable de dirimir los conflictos electorales y depositaria de la confianza de la mayoría de los mexicanos, durante el proceso electoral y muy especialmente en el día D.

Muchas voces han surgido, mucha tinta se ha impreso en torno al INE y su expresidenta Guadalupe Taddei, sin que en realidad se aporte mucho para rescatar a la institución del desprestigio al que ha sido arrastrada, tanto por propios como por extraños; vale la pena decirlo.

Y en tanto sigue el griterío que nada aporta y la crucifixión de Taddei, que tampoco deja mucho de beneficio, salvo la exigencia de que se aplique la ley con rigor, al interior del INE se han dado cambios que están pasando casi desapercibidos. El primero y trascendente es la decisión que tomó la presidenta interina, Blanca Cruz, para regresarle al INE la colegialidad. Otros, igual de importantes, son las más de 30 separaciones, entre renuncias y solicitudes de renuncias, de los colaboradores afines a Guadalupe Taddei, sin que se comunique quiénes son los sustitutos y de dónde y cómo están siendo reclutados.

En manos de ellos estará la próxima elección en México. No habrá tiempo para cambios y, en la Cámara de Diputados, el tema no ha avanzado. La Junta de Coordinación Política recorrió los plazos legislativos para afinar los acuerdos políticos en torno a las reglas de la convocatoria, de ahí que la presidenta Cruz tenga la responsabilidad de garantizar el funcionamiento regular de la institución de cara al Proceso Electoral 2026-27, ya en marcha.

Hasta hoy, Blanca Cruz ha enviado mensajes alentadores. Uno de ellos, sin duda, la presentación de la denuncia ante la FGR en contra de la expresidenta, hecho sin alardes, ni rabietas ni afán persecutorio. Sólo la exigencia de sancionar a quien quebrantó la ley.

Su intención es levantar el prestigio y la credibilidad del INE, desde adentro del INE mismo, con orden interno, sin alentar, pero tampoco sin dejar de considerar las múltiples voces externas, conservando la independencia y autonomía de la institución que en los últimos 36 años, como IFE o como INE, ha sido garante de la legitimidad de las elecciones mexicanas.

En tanto, en la Cámara de Diputados se debate el presupuesto del año entrante, que de entrada y sin contemplación alguna, dado que el tema está en su momento más álgido, le borró al INE entre 5 mil y 6 mil millones de pesos de presupuesto, lo cual no deja de ser una muestra de la consideración con la que la mayoría, en la Cámara de Diputados, tratará este tema, una vez resueltos los que para ellos tienen prioridad.