Hay algo profundamente perverso en ver a un grupo de hombres marchando por las calles de Tijuana exigiendo más internamientos involuntarios mientras se presentan como salvadores de personas usuarias de drogas. La llamada ‘Patrulla Espiritual’, impulsada por personajes como el ‘Padrino Huevo’ y el ‘Chiquilín’, no representa una solución a los problemas de consumo en México: Representa la normalización de la violencia, la humillación y el secuestro bajo el disfraz de la rehabilitación.
Porque hay que llamarlo por su nombre. Cuando una persona es subida a la fuerza a una camioneta, privada de su libertad sin orden judicial, retenida en anexos clandestinos, incomunicada y sometida a castigos físicos o psicológicos, eso no es ayuda. Eso es violencia institucional tolerada socialmente. Eso es un mercado del encierro. Y eso constituye una violación brutal a los derechos humanos y al libre desarrollo de la personalidad.
En México se ha construido una narrativa profundamente peligrosa: Que las personas que usan drogas dejan automáticamente de ser sujetos de derechos. Que basta con que una familia esté desesperada para justificar el secuestro. Que el sufrimiento autoriza la tortura. Que ‘salvar vidas’ permite desaparecer individuos temporalmente en nombre de la moral. Esa lógica no solo es autoritaria; es fascistoide.
La ‘Patrulla Espiritual’ no propone salud pública. No propone atención basada en evidencia. No propone reducción de daños, acceso a vivienda, empleo, atención psiquiátrica digna o acompañamiento comunitario. Propone control social mediante la fuerza. Su discurso está construido desde la idea de que las personas usuarias de drogas son incapaces de decidir sobre su propia vida y que, por lo tanto, alguien más debe someterlas “por su bien”. Es la misma lógica colonial, punitiva y religiosa que ha fracasado durante décadas en México.
Y los resultados están ahí: Anexos convertidos en centros de explotación, golpizas sistemáticas, personas desaparecidas dentro de supuestos centros de rehabilitación, incendios, asesinatos, hacinamiento y redes de corrupción protegidas por autoridades locales. Basta recordar tragedias como la ocurrida en centros de rehabilitación en Baja California o Guanajuato para entender que el modelo del encierro forzado no solo es ineficaz: Es mortal.
El problema de fondo es que estos personajes han sabido capitalizar el miedo social. Hablan desde la desesperación de miles de familias abandonadas por un Estado incapaz de construir políticas públicas serias en materia de drogas y salud mental. Pero una crisis social no se resuelve con más violencia. Nunca. El hecho de que el sistema de salud mexicano sea insuficiente no convierte a los grupos parapoliciales en una alternativa legítima.
Porque eso es exactamente lo que parecen: Brigadas de limpieza moral. Un híbrido grotesco entre fanatismo religioso, populismo punitivo y espectáculo mediático. Su marcha en Tijuana no es un acto de compasión; es una demostración pública de autoritarismo socialmente aplaudido. Un intento de legitimar la idea de que el Estado debe tener derecho a decidir quién merece libertad y quién debe ser encerrado “por su propio bien”.
Además, la propuesta es completamente inviable en el contexto mexicano. ¿Quién supervisaría esos internamientos? ¿Qué institución garantizaría el debido proceso? ¿Qué autoridad impediría abusos en un país donde incluso los centros regulados acumulan denuncias por tortura? Pretender ampliar el internamiento involuntario en México es entregar más poder a redes históricamente opacas y violentas. Es abrir la puerta a secuestros legalizados contra personas pobres, incómodas o disidentes.
No hay evidencia sólida de que el internamiento forzado produzca mejores resultados terapéuticos a largo plazo. Lo que sí existe es abundante evidencia sobre trauma, recaídas, violencia y ruptura de vínculos sociales derivados del encierro coercitivo. Obligar a alguien a dejar de consumir bajo amenaza física no genera recuperación; genera miedo, resentimiento y clandestinidad.
Pero quizá lo más grave es el trasfondo moral de toda esta cruzada. La ‘Patrulla Espiritual’ no combate sustancias: Combate personas. Lo que realmente incomoda no es la droga, sino la pobreza visible, el deterioro urbano y los cuerpos considerados indeseables. El usuario de drogas se convierte entonces en el enemigo perfecto: Alguien a quien se puede golpear, encerrar y humillar sin demasiado costo político.
México necesita políticas de drogas centradas en derechos humanos, reducción de daños, atención comunitaria y autonomía personal. Necesita clínicas, no comandos morales. Necesita trabajadores de salud, no cazadores de adictos. Necesita reconocer que las personas usuarias de drogas siguen siendo ciudadanos con dignidad, no objetos que pueden ser levantados de la calle como si fueran basura humana.
Por eso la marcha de la ‘Patrulla Espiritual’ debería alarmarnos profundamente. No porque represente una solución extrema, sino porque representa el fracaso absoluto de nuestra capacidad colectiva para imaginar respuestas humanas. Cuando una sociedad empieza a aplaudir el encierro forzado como espectáculo de salvación, ya no estamos hablando de salud pública. Estamos hablando de barbarie.