El pasado viernes 1 de mayo se presentó la redacción !nal del documento Guía Bioética para Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia por el Consejo de Salubridad General.
Este protocolo establece los lineamientos desde los que se procederá en los centros de salud en el momento crítico en que los recursos médicos sean insu!cientes para atender a los enfermos de COVID-19, como se lee: “tiene como propósito ser una guía bioética para la toma de decisiones de triaje cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer”.
En el marco de la prestación de servicios hospitalarios es algo habitual y cotidiano la clasi!cación de los pacientes según su nivel de urgencia, esto es, la dinámica de triaje. Sin embargo, este protocolo se utiliza para priorizar y ordenar la atención sin vulnerar el derecho humano a la salud.
Lo polémico de la Guía Bioética es que el triaje se propone como procedimiento para descartar pacientes que, a pesar de requerir un insumo médico, no podrán recibirlo.
El método para la selección y el descarte consta de una valoración en un esquema de puntajes según escalas médicas de uso establecido (SOFA, MACA, APACHE3) que considera las comorbilidades, la evolución de la enfermedad y el pronóstico de recuperación. Desde la primera redacción, publicada en abril, la lógica del descarte generó preocupación. Fueron dos temas los que volcaron la atención del ojo público y desataron la polémica: el criterio de la edad de los pacientes como factor determinante a considerar y el uso de un mecanismo de azar para decidir en caso de empate entre dos puntajes similares: el volado. La nueva guía intenta resolver ambos temas: el criterio de la edad ha sido eliminado y el volado es un tercer y último criterio de desempate. De hecho, creo que este es uno de los tópicos en la penumbra: se mantiene ambigua la forma en que la nueva guía resuelve empates. En un primer momento apela a revisar la estadística de la mortalidad por sexo; en caso de no ser de!nitorio el primer criterio, prioriza la atención a grupos vulnerables y en el supuesto de que no resuelva ninguno de los anteriores, opta por el recurso del azar.
Además de estos cambios, la nueva Guía agrega elementos con cariz de corrección política: un largo preámbulo sobre la no discriminación a los grupos vulnerables, añade referencias a documentos sobre Derechos Humanos, abre la posibilidad de considerar la voluntad anticipada del paciente y su autonomía (siempre y cuando esta sea la de “no intubar” o “no reanimar”) y, lo más relevante, a mi juicio, es que detalla más el procedimiento y el rol de los actores involucrados en cada momento. Considero que la “nueva” guía opera, en esencia, bajo la misma lógica utilitarista, a pesar de las reformas cosméticas del quinto apartado, dedicado a los principios bioéticos. Es decir, salvar a la mayor cantidad de vidas no es salvar a todos. Presupone el descarte de personas menos afortunadas, principalmente por no contar con un estado de salud ideal.
Sin embargo, para ser justos, el historial de salud de las personas muchas veces es producto de una marginalidad histórica, de otra enfermedad aguda-crónicaestructural en nuestro país: la transexenal subinversión en salud pública. Desplazar la parte de responsabilidad del Estado hacia los individuos es, en el marco de los principios que la guía dice amparar, una injusticia social.