Cada 13 de octubre, el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres nos recuerda una realidad que, desafortunadamente, seguimos aprendiendo a golpes: los fenómenos perturbadores de origen natural no tienen por qué convertirse inevitablemente en desastres. Muchas de sus consecuencias dependen de nuestras decisiones, de cómo construimos, dónde habitamos, cuánto prevenimos y, particularmente, de la calidad de nuestras políticas públicas.

Bajo esta reflexión, del 13 al 15 de octubre se desarrolló el Foro Regional Virtual de Alto Nivel «Políticas Públicas, Riesgo y Desarrollo en un Clima Cambiante», organizado por la Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación (UNICI) y la Red Latinoamericana para la Investigación y el Desarrollo de Políticas Públicas.

Tres días de intercambio internacional que reunieron especialistas, académicos y representantes territoriales para abordar un desafío común: transformar el conocimiento del riesgo en decisiones que protejan vidas, patrimonio, infraestructura y recursos públicos.

El encuentro, además, constituyó una contribución preparatoria hacia la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas y el Caribe, prevista para 2027 en Bahamas.

Tuve el honor de moderar la segunda jornada, dedicada a la gestión financiera del riesgo de desastres, la protección fiscal territorial y las experiencias municipales latinoamericanas.

Agradezco especialmente al Mtro. Henry Adolfo Peralta Buriticá, a UNICI y a la Red Latinoamericana por la confianza depositada en mi persona para esta responsabilidad, representando al Consejo INCIDE.

La jornada reunió especialistas de seis países, cuyas perspectivas permitieron vincular el conocimiento técnico con los desafíos económicos, institucionales y sociales que enfrentan nuestros gobiernos.

Desde Costa Rica, el Mtro. Alonso Brenes abordó la evaluación forense del riesgo y la protección fiscal, destacando la necesidad de comprender no solamente cuánto se pierde ante un fenómeno perturbador, sino por qué ocurren esas pérdidas.

La mexicana Mtra. Lyndsay Garnica desarrolló la evaluación de impactos y pasivos contingentes, particularmente aquellas obligaciones que los gobiernos frecuentemente descubren cuando ya enfrentan una emergencia.

El uruguayo Mtro. Javier E. González Müller examinó la retención y transferencia del riesgo, incluyendo seguros, reservas e instrumentos financieros que permiten distribuir las posibles pérdidas.

Desde Colombia, la Mtra. Olga Lucía Almonacid abordó la protección financiera y la respuesta oportuna, mientras que la Mtra. Farash Valeria Contreras Rodríguez analizó los desafíos institucionales y de gobernanza que enfrentan los gobiernos territoriales.

Cinco perspectivas complementarias que nos conducen a una conclusión: la protección financiera no comienza cuando ocurre una emergencia, sino cuando se toman decisiones para evitar que el riesgo comprometa las finanzas públicas.

Posteriormente, el foro permitió conocer experiencias municipales de México, Argentina y Paraguay.

Liliana Juárez, de Manzanillo, Colima, México, reflexionó sobre cómo el crecimiento urbano, las desigualdades sociales y las decisiones de ordenamiento territorial pueden incrementar la vulnerabilidad de las comunidades, recordándonos que las decisiones de hoy pueden convertirse en los desastres del mañana.

Adriana Patricia Díaz, de Bariloche, Argentina, presentó la vinculación entre resiliencia y políticas públicas; Gustavo Botus Díaz, de Rosario de la Frontera, abordó la prevención sísmica, las escuelas seguras y la preparación comunitaria.

Desde Paraguay, Ninfa Yolanda López Orella, de Tebicuary, expuso la importancia de las alianzas público-privadas para fortalecer la resiliencia territorial, mientras que María Gloria Paredes, de Fernando de la Mora, desarrolló el seguimiento y evaluación de las políticas públicas locales.

Estas experiencias nos recuerdan que los municipios constituyen la primera línea de responsabilidad institucional frente al riesgo y que ninguna estrategia será suficiente sin coordinación, capacitación y participación social.

La resiliencia comienza en las familias, pero también en los reglamentos de construcción, los atlas de riesgos, la planeación urbana, las escuelas, las empresas y los presupuestos gubernamentales.

Los tres días de este foro demostraron que, pese a nuestras diferencias, América Latina comparte desafíos como el crecimiento urbano, el cambio climático y las limitaciones presupuestales. Por ello, las políticas públicas deben medirse no solo por las obras realizadas, sino por las pérdidas evitadas y las vidas protegidas.

Mi reconocimiento a los organizadores, ponentes y participantes de este encuentro latinoamericano por contribuir a una visión más integral, responsable y sostenible del desarrollo.

Porque prevenir cuesta, pero reconstruir cuesta mucho más. Y cuando hablamos de vidas humanas, el verdadero éxito de la gestión del riesgo no está en contar los daños, sino en evitar que ocurran.