El Gobierno Federal ha abierto una consulta pública para actualizar y fortalecer los Lineamientos de Protección de los Derechos de las Audiencias. El propósito es fortalecer la figura del Defensor de las Audiencias, para garantizar que los medios se autorregulen y corrijan de forma ágil y transparente.
Los lineamientos obligan únicamente a concesionarios de televisión abierta, radio, audio y televisión de paga, tanto comerciales como públicos. Desafortunadamente, las plataformas digitales, los sitios web, los independientes y los creadores de contenido en redes sociales como Facebook o X, quedan fuera del esquema de defensorías; al menos el texto formal que está en consulta, no abarca a las redes sociales, ni habilita a los defensores a operar en ellas, que es en donde realmente urge establecer algún tipo de regulación o reglamentación.
La figura del defensor de audiencias en Sonora no es nueva. Ha operado de manera discreta pero efectiva, en las radios, especialmente en las estaciones oficiales, durante al menos los últimos ocho años.
El defensor de audiencias nació en México con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Medios como Radio Sonora, comenzaron a aplicar formalmente estos lineamientos en 2018. Y los mismos argumentos, a favor y en contra, que se escuchan hoy, se escucharon entonces.
Su tarea es asegurar que los concesionarios de radio o televisión respeten la ética y los derechos de la audiencia. La ley obliga a que cada concesionario tenga su propio defensor o una defensoría compartida ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Quienes piensen que la figura del defensor es puramente decorativa o un trámite burocrático, desconocen la historia de la radio sonorense. Las resoluciones de los defensores no imponen multas, pero su peso moral ha sido suficientemente fuerte, para transformar las cabinas de las radios.
En Sonora, el defensor sí ha influido en cambios de programación y, sobre todo, en el comportamiento de los locutores. Antes de esta figura, el lenguaje discriminatorio, los comentarios despectivos fuera de tono o la difusión de información sin contrastar, solían justificarse bajo el cobijo de la libertad de expresión o el simple “estilo del conductor”.
En cuanto a la programación, las quejas y sugerencias ciudadanas han provocado reajustes en barras musicales, modificaciones de horarios para respetar el horario familiar y la apertura de espacios para la réplica, que antes eran negados.
Radio Universidad cuenta con esta figura obligatoria, actualmente encabezada por Karina Barraza, quien sucedió al periodista Juan Carlos Zúñiga. El doctor Cuauhtémoc González Valdez funge como titular en Radio Sonora, posición que antes ocupó Soledad Durazo Barceló, quien por cierto hizo un gran trabajo en la radio estatal. Telemax, sin embargo, opera bajo sus propios códigos de ética.
La estación XEETCH ‘La Voz de los Tres Ríos’ en Etchojoa, que transmite en mayo, yaqui, guarijío y español, se rige bajo el esquema unificado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con Carlos Arturo Romo Zapata al frente.
Los medios privados como Uniradio o Grupo Fórmula, apuestan por la defensoría a través de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), cuyos datos se pueden consultar en Somos Audiencias, del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Lo que más denuncia el radioescucha de Sonora son las fallas técnicas, sobre todo en las repetidoras rurales; propone cambios de horario y presenta inconformidades de contenido, cuando considera que un conductor carece de equilibrio informativo o muestra sesgos; y, cuando se detecta la falta de separación entre publicidad e información.
La discusión sobre si los nuevos Lineamientos de Protección de los Derechos de las Audiencias abren la puerta a la censura, divide a analistas, partidos políticos y cámaras empresariales.
Organizaciones civiles de derechos humanos, como Artículo 19, la oposición política y cámaras empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, opinan que el proyecto implica riesgos para la libertad de expresión, debido a la ambigüedad de conceptos como “información falsa” o “descontextualizada”. Al no existir definiciones técnicas precisas, los críticos señalan que un regulador alineado al gobierno, podría calificar cualquier crítica periodística como información falsa.
Se argumenta también que el uso del sistema de quejas podría ser utilizado por grupos afines al oficialismo, para saturar a los medios críticos con reclamos constantes, asfixiando su operación diaria.
Además, se contempla que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones intervenga e imponga multas económicas, si considera que el medio no reparó la falta. El temor al castigo financiero o a perder la concesión, podría empujar a las empresas de comunicación a suavizar sus líneas editoriales, cayendo en la autocensura.