De los muchos pendientes con calidad de urgente y obvia resolución, según rezan en su demanda los grupos parlamemntarios del país, hay uno que, dada su trascendencia tendría que ponerse a la consideración de la gran mayoría de los congresos estatales.
Esto tiene que ver con el enorme abuso y dispendio en el que suelen caer los gobiernos estatales y que nadie parece poner fin, debido, al parecer a los pocos contrapesos que existen hacia el interior de las legislaturas.
En otras palabras, o a una escasa participación de la oposición o la completa ausencia de esta, ya sea por omisión o porque sus diputados son de esos que no aguantan cañonazos de cincuenta mil… dólares.
La aseveración anterior se desprende por el anuncio hecho hace apenas unos días por el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad en el que se dan a conocer casos en los que de plano, se hace necesaria la inmediata comparecencia no de los secretarios de Finanzas de los Estados, sino del propio titular del Poder Ejecutivo para que explique tremendos despilfarros que de no ser por los empréstitos de última hora de la banca privada y las participaciones federales, las arcas de sus Estados ya estarían en plena bancarrota.
No es posible, por ejemplo, que Estados como Chihuahua, que en lo que corresponde al 2018 gastó 72 veces el presupuesto aprobado para la adquisición de maquinaria y equipo agropecuario, industrial y de construcción y al cierre del 2019 repite su dósis, pero ahora de una manera bruta exponencial al haber gastado 582 veces su monto aprobado.
Y lo peor es que no hay quien les vaya a la mano debido precisamente al mal ejercicio del que habla el IMCO y esa evidente y sospechosa complicidad legislativa.
De acuerdo al citado Instituto se trata de 17 Estados de la República, los que ya han sido puestos en la lupa, entre los que se encuentran además de Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Puebla y Tlaxcala.
En todos estos, el diagnóstico es el mismo aunque varía enormemente en sus montos; sus gobernadores gastan más que lo presupuestado y sin rendir cuentas a nadie y los diputados, en tanto, dedicados a la milonga sin usar sus facultades para emitir opiniones respecto al ejercicio del gasto y menos llaman a comparecer a los secretarios de finanzas para justificar las variaciones excesivas.
En Guerrero, –otro trompo a la uña en materia de desorden financiero y presupuestal– por ejemplo, nadie ha sido llamado a cuentas para que explique cómo es posible que al cierre del 2018, ese Estado que se caracteriza por la pobreza de su gente sierra arriba, se haya ejercido un presupuesto 899 veces a lo aprobado por el Congreso en un rubro por demás que nada tiene que ver con el bienestar o la salud de sus habitantes como son las ceremonias oficiales.
Va de nuevo, para que no quede duda; 899 veces a lo aprobado por los señores legisladores que siguen sin darse cuenta en este ‘pequeño error’ financiero.
Por el mismo tenor es el caso de Sinaloa el que, según el IMCO, para el primer trimestre del 2018 ya había gastado siete veces el monto a ejercer en el rubro de compra de vehículos de transporte.
Y no solo eso; ocurre que al final de ese año, el presupuesto ejercido fue 23 veces superior al anterior y no hubo un solo diputado, un solo ciudadano de a pié, que haya levantado su mano para señalar tan tremenda pifia.
En Puebla, en donde también hace aire y se pintan solos para la irresponsabilidad al momento de echar el gato a retozar, cuenta el IMCO que para el primer trimestre del año 2018, los camoteros ya habían gastado 48 veces el monto presupuestado para todo ese año en publicidad oficial.
Y aquí lo peor; al cierre de ese 2018 el dispendio fue mayúsculo si, como vemos, el Gobierno del Estado ejerció 453 veces lo aprobado por sus celosos legisladores.
En Tlaxcala, la tierra de la exdirigente del PRI nacional, Beatriz Paredes Rangel, su gobernador se gastó 85 veces lo que tenía presupuestado para la compra de de mobiliario como equipo de cómputo, estantes y escritorios, entre otros.
En opinión del IMCO que no se limita únicamente a balconear el desastroso sistema financiero en que viven la mayoría de los gobiernos estatales, resume en tres puntos básicos los pasos a seguir a efecto de ponerle un punto final a esto.
En pocas palabras, a amarrarle la mano a los gobernadores:
Para evitar un gasto no planeado en las entidades y un abuso sistemático entre los recursos presupuestados y ejercidos por las entidades, el IMCO propone:
–Establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado e injustificado de su gasto administrativo.
–Si un Gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida o ramo en más del 15 por ciento, debe tener la aprobación del Congreso local.
–Mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto: cumplir su función de contrapeso.