Washington, Estados Unidos.- Este lunes 28 de septiembre de 2026, el gobierno de Estados Unidos informó la cancelación o limitación de visados a 27 personas, entre las que figuran jueces, fiscales, empresarios y funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Esta acción responde a una nueva directriz orientada a castigar a actores extranjeros que, de acuerdo con el Departamento de Estado, socavan administraciones democráticas a través del narcotráfico o la corrupción, destacando de forma pública al fiscal general boliviano, Roger Mariaca.
Iniciativa ‘Escudo de las Américas’ contra la corrupción
El organismo estadounidense detalló que estas sanciones se fundamentan en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, norma que faculta al país para vetar el acceso de extranjeros cuyas acciones o presencia puedan acarrear repercusiones negativas significativas para la política exterior norteamericana.
Asimismo, al dar a conocer la disposición, el Departamento de Estado subrayó que los funcionarios extranjeros corruptos pierden el derecho a ingresar sin restricciones a territorio estadounidense, enfatizando que la norma autoriza bloquear visas tanto a los implicados como a sus parientes cuando debiliten gobiernos democráticos mediante prácticas de blanqueo, sobornos o narcotráfico.
La administración de Washington relacionó esta medida con los acuerdos alcanzados en el marco del llamado ‘Escudo de las Américas‘, un proyecto promovido por el gobierno de Donald Trump cuyo fin es intensificar la colaboración a nivel regional frente a las redes criminales, el narcotráfico y diversos riesgos para la seguridad.
Al respecto, las autoridades estadounidenses indicaron que los países participantes pactaron sincronizar sanciones, señalamientos y acciones financieras en contra de personas y organizaciones que pongan en riesgo “la seguridad, el Estado de derecho y la democracia” en el continente.
Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado”, sostuvo el comunicado.
La mayor parte de los afectados están en Bolivia
Bolivia encabeza la lista de naciones afectadas por las nuevas restricciones migratorias de Washington, ya que el gobierno estadounidense retiró los visados a 12 personas junto con sus familias, al tiempo que bloqueó la posibilidad de que otras nueve puedan tramitarlos más adelante.
Los sancionados que sufrieron la pérdida de su visa comprenden a jueces, magistrados, fiscales, un empresario y un mando policial. En este grupo figuran Martin Daniel Irusta Flores, Albania Chane Caballero Saavedra, Alberto Zeballos Flores, Rosario Ximena Flores Paniagua, Iván Manolo Lima Magne, Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, Israel Ramiro Campero Méndez, Alberto Samuel Soto de la Vía, Iván Ramiro Campero Villalba, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Frans William Cabrera Quispe y José Luis Iriarte Cussi.
Adicionalmente, el Departamento de Estado emitió un señalamiento público en contra del fiscal general Roger Mariaca, acusándolo de haber “abusado de sus cargos públicos” al pedir y recibir sobornos para encubrir operaciones de narcotráfico, además de propiciar que criminales peligrosos evadieran la acción de la justicia.
Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo”, afirmó el Departamento de Estado.
La sanción contra el fiscal se aplicó bajo la sección 7031(c) de la ley estadounidense de asignaciones, una norma que faculta al secretario de Estado a señalar públicamente a funcionarios extranjeros vinculados con corrupción o abusos de derechos humanos.
Las sanciones de Washington también alcanzaron a Colombia y Perú
En Colombia, las sanciones afectaron al empresario Euclides Antonio Torres Romero y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, del Pacto Histórico. En Perú, se retiró la visa al juez Juan Carlos Núñez Matos y a sus familiares. Ecuador también resultó incluido con dos ciudadanos afectados, cuyos nombres no fueron revelados.
El Departamento de Estado subrayó que estas restricciones forman un mecanismo permanente que les permite actuar con rapidez ante nuevas pruebas y en coordinación con aliados. La medida se da tras haber reforzado en septiembre la cooperación en seguridad y narcotráfico con Colombia, Ecuador y Perú, países para los cuales mantiene actualizada su información consular.
Fuente: Tribuna de Yaqui