Amarillo, Texas.- Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas presentó una acusación formal de doce cargos contra Loyd Walter Hall, un hombre de 27 años residente de Amarillo, por su presunta participación en una conspiración para suministrar armas de fuego al Cártel de Sinaloa, organización criminal designada por el Gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera. En el mismo caso fueron acusadas otras tres personas por delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas.
De acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2024 y 2026, periodo en el que Hall presuntamente mantuvo vínculos con un integrante del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, México, a quien habría proporcionado armas, conocimientos técnicos y asesoría para evadir la acción de las autoridades estadounidenses.
Es importante señalar que una acusación formal constituye únicamente una imputación penal y que todas las personas señaladas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad mediante una sentencia condenatoria emitida por un tribunal competente.
¿Cuáles son los delitos que se imputan a los acusados?
La acusación presentada por las autoridades federales contempla diversos delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas y narcóticos.
Loyd Walter Hall enfrenta cargos por:
- Conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera
- Conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a su importación a Estados Unidos
- Posesión de un arma de fuego vinculada con un delito de narcotráfico
- Realizar declaraciones falsas a vendedores autorizados de armas de fuego
- Conspiración para efectuar compras interpuestas de armas (straw purchases)
- Conspiración para traficar armas de fuego
Asimismo, Jesús Quezada Meza, ciudadano mexicano de 30 años residente en Dumas, Texas, y Omar Velásquez, de 44 años y residente en Utah, fueron acusados de conspiración para realizar compras interpuestas y traficar armas de fuego. Por su parte, Catlynn Ann Townsend, de 29 años, enfrenta cargos por presuntamente proporcionar información falsa durante la adquisición legal de armas.
Fiscalía señala presunto apoyo al Cártel de Sinaloa
Según la acusación, Hall habría colaborado con diversos cómplices identificados y no identificados para facilitar el suministro de armas al Cártel de Sinaloa, además de compartir información para evitar la detección por parte de las fuerzas del orden estadounidenses.
El fiscal federal Ryan Raybould señaló que las investigaciones buscan desmantelar las redes criminales que fortalecen las operaciones del narcotráfico.
Cada arma de fuego traficada desde Estados Unidos hacia un cártel refuerza su capacidad para aterrorizar comunidades, asegurar sus operaciones de narcotráfico y cometer otros delitos”, declaró el funcionario.
Por su parte, autoridades de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) señalaron que el tráfico de armas representa una amenaza para la seguridad en ambos lados de la frontera.
¿Qué penas podrían enfrentar los acusados?
En caso de ser declarado culpable, Loyd Walter Hall podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.
Las posibles sanciones contempladas para los demás acusados son:
- Jesús Quezada Meza: hasta 15 años de prisión federal
- Omar Velásquez: hasta 15 años de prisión federal
- Catlynn Ann Townsend: hasta cinco años de prisión federal
Las autoridades informaron que los cuatro acusados ya realizaron su comparecencia inicial ante el tribunal correspondiente.
Investigación forma parte de estrategia contra organizaciones criminales
El caso forma parte de las acciones emprendidas por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), creado mediante la Orden Ejecutiva 14159 denominada ‘Protección del pueblo estadounidense contra la invasión’.
La iniciativa federal tiene como objetivo combatir a organizaciones criminales transnacionales, grupos dedicados al tráfico de personas y cárteles que operan dentro y fuera del territorio estadounidense.
La investigación fue desarrollada conjuntamente por la ATF y el área de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Policía de Amarillo.
Hasta el momento, el proceso judicial continúa en etapa inicial y corresponderá a las autoridades jurisdiccionales determinar la responsabilidad penal de los acusados conforme avance el caso.
Fuente: Tribuna del Yaqui / Departamento de Justicia de Estados Unidos