Colombia.- El gobierno federal de Colombia emitió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, que modifica el esquema de seguridad para expresidentes y exvicepresidentes. La norma actualiza una disposición que ha estado vigente desde 2018 y establece cambios en la asignación de vehículos, personal de protección y equipos destinados a resguardar a quienes hayan ejercido estos cargos de alto nivel.
¿Cuáles fueron los principales cambios en el decreto de seguridad?
El nuevo ordenamiento modifica la estructura de protección que prevalecía desde hace ocho años. Los cambios abarcan la cantidad y tipo de vehículos asignados a expresidentes y exvicepresidentes, así como la dotación de elementos de seguridad personal. El decreto también ajusta los equipos y recursos tecnológicos utilizados para garantizar la protección de estos funcionarios en retiro.
Las modificaciones se enfocaron en optimizar los recursos destinados a seguridad sin comprometer la integridad física de los expresidentes. El gobierno consideró necesario revisar los parámetros establecidos hace ocho años debido a cambios en las condiciones de inseguridad y la evolución de amenazas que requieren nuevas medidas de protección. La actualización refleja una evaluación integral de los riesgos identificados en el país.
¿Qué implicaciones tiene este cambio en la protección de expresidentes?
El nuevo esquema busca adecuar los recursos de seguridad a las circunstancias actuales del país. La normativa anterior, emitida en 2018, no contemplaba todos los escenarios de riesgo presentes actualmente. Con esta modificación, el gobierno establece una estructura más flexible y adaptable a las necesidades específicas de cada expresidente según su situación particular.
La asignación de vehículos blindados, número de elementos de seguridad y equipamiento especializado ahora responde a criterios revisados que toman en cuenta factores como el perfil de cada expresidente y las amenazas identificadas. El decreto precisa los procedimientos para la entrega y mantenimiento de los recursos asignados, estableciendo responsabilidades claras entre las dependencias gubernamentales involucradas.
La protección de expresidentes forma parte de las obligaciones constitucionales del Estado colombiano. Estos funcionarios enfrentan riesgos derivados de sus decisiones durante el ejercicio del cargo presidencial. El nuevo decreto garantiza que la seguridad asignada sea proporcional a las amenazas reales y permita que los expresidentes transiten en condiciones de seguridad razonable sin restar recursos a otras prioridades de seguridad nacional.
El gobierno informó que la implementación del decreto se realizará de manera gradual. Las dependencias responsables de brindar seguridad recibieron instrucciones para comenzar el proceso de reorganización del personal y equipos. Los cambios no afectarán la protección inmediata de los expresidentes mientras se efectúa la transición hacia el nuevo esquema de seguridad establecido por la administración federal.
Fuente: Tribuna del Yaqui