El recurso fue presentado la noche del pasado viernes 6 de noviembre, luego de que las 10 consejerías electorales aprobaran por unanimidad el documento, que solicita investigar posibles conductas delictivas y determinar las responsabilidades correspondientes, y de acuerdo con información difundida, la denuncia contempla seis posibles delitos, que son el uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho.
El escrito también solicita a la Fiscalía investigar los señalamientos relacionados con videos en los que presuntamente Taddei negocia la distribución de recursos mediante contratos del organismo electoral, además de obtener la grabación original para esclarecer los hechos anteriormente mencionados, que podrían llevarla muchos años a prisión.
La denuncia no está dirigida exclusivamente contra la exconsejera presidenta, sino contra quien resulte responsable, por lo que las investigaciones podrían alcanzar a otros funcionarios y exservidores públicos que hayan participado en las operaciones bajo revisión, pues según el INE, el procedimiento responde a su obligación de garantizar la legalidad, transparencia y correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos o periodos de gestión.
Revisan contratos y frenan nuevas contrataciones
El caso surgió tras publicaciones periodísticas que señalaron presuntos vínculos entre Taddei y el empresario Alfredo Hernández Casillas, relacionado con compañías que obtuvieron contratos millonarios durante la administración anterior, por lo que ante los señalamientos, la consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, informó que se mantiene una revisión integral de las áreas administrativas, particularmente de los procedimientos de contratación.
Como medida preventiva, el instituto determinó suspender temporalmente las nuevas contrataciones hasta verificar que no existan vínculos con empresas señaladas o posibles irregularidades, tras lo que Cruz García aseguró que los contratos identificados hasta ahora corresponden a ejercicios anteriores y ya no se encuentran vigentes, aunque las revisiones continuarán para evitar que procedimientos pendientes comprometan la transparencia institucional.
Con la presentación de la denuncia, corresponderá a la FGR analizar los elementos entregados por el organismo electoral, determinar si existen indicios suficientes para iniciar investigaciones penales y, en su caso, establecer quiénes podrían enfrentar responsabilidades. La indagatoria se suma a las revisiones administrativas y auditorías que buscan esclarecer el manejo de recursos públicos durante los últimos años en el INE.
Fuente: Tribuna del Yaqui