Ciudad de México.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro de labores durante los primeros minutos de este viernes 6 de noviembre, en protesta por el nuevo esquema de evaluación del desempeño que se aplicará al personal de carrera judicial y que, consideran, podría poner en riesgo su estabilidad laboral.

La movilización se realiza en distintas sedes del país, donde los inconformes exigen que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) deje sin efectos el acuerdo que regula las evaluaciones y emita nuevas disposiciones que garanticen sus derechos laborales.

En la sede de San Lázaro, Patricia Aguayo Bernal, secretaria en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, señaló que los trabajadores no buscan evitar las evaluaciones, sino que estas no se conviertan en un mecanismo de sanción o despido.

Lo único que va a hacer que regresemos a nuestras oficinas va a ser que el OAJ deje sin efectos ese acuerdo, que nos evalúe, sí, pero que hagan otro acuerdo, pero no para castigarnos ni corrernos, para mejorar esta institución”, expresó.

¿Por qué trabajadores del Poder Judicial realizan un paro?

La inconformidad surgió por el nuevo acuerdo del OAJ para evaluar el desempeño del personal de carrera judicial, cuyos exámenes están programados para diciembre de 2026.

Los trabajadores cuestionan los criterios establecidos para medir su desempeño y consideran que el mecanismo podría afectar la permanencia en sus puestos, además de generar incertidumbre sobre sus condiciones laborales.

De acuerdo con reportes sobre la movilización, el paro se extendió a por lo menos 17 entidades del país. En la sede de San Lázaro, los manifestantes cerraron los accesos y advirtieron que mantendrían la suspensión de actividades hasta obtener una respuesta a sus demandas.

¿Qué respondió el Órgano de Administración Judicial?

Ante las protestas, el Órgano de Administración Judicial difundió un comunicado el 6 de noviembre en el que rechazó que la evaluación del desempeño represente un riesgo para los empleos o las plazas del personal de carrera judicial.

El organismo aseguró que es falso que los exámenes programados para diciembre puedan provocar despidos y explicó que esta primera aplicación tendrá un carácter exclusivamente diagnóstico.

El acuerdo establece, en sus artículos transitorios Cuarto y Quinto, que la evaluación no implicará aprobación ni reprobación y que sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación de los trabajadores.

El OAJ sostuvo que el procedimiento responde a una atribución constitucional prevista en el artículo 100 de la Constitución, así como en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial.

 

¿Para qué servirán los exámenes del Poder Judicial?

Según el comunicado oficial, la primera evaluación tiene como propósito identificar las necesidades de capacitación del personal, fortalecer sus conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia.

El organismo precisó que la primera evaluación ordinaria, con los efectos establecidos en la legislación aplicable, se realizará una vez que concluyan las acciones de capacitación correspondientes.

También reconoció el derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades y ejercer su libertad sindical, aunque reiteró que la evaluación constituye una obligación legal.

OAJ ofrece diálogo ante las protestas de trabajadores

Ante la convocatoria de paro en distintas sedes judiciales, el Órgano de Administración Judicial manifestó su disposición al diálogo para atender las inquietudes del personal y cumplir con el mandato constitucional relacionado con la evaluación.

La autoridad sostuvo que el objetivo es proporcionar a los trabajadores herramientas y capacitación que contribuyan a mejorar sus labores, y no justificar la separación de ningún integrante de la carrera judicial.

De esta manera, mientras los trabajadores solicitan que se modifique el acuerdo para garantizar su estabilidad laboral, el OAJ mantiene que la primera evaluación será diagnóstica y no tendrá efectos sobre la permanencia de los empleados.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui