Ciudad de México.- Inés Gómez Mont podría pasar hasta 40 años en prisión si es entregada a México, vinculada a proceso y posteriormente declarada culpable de delincuencia organizada, uno de los delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una orden de aprehensión en su contra.
La exconductora de televisión fue asegurada este viernes en Miami, Florida, de acuerdo con información difundida por la FGR. La dependencia señaló que la captura se realizó por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada, luego de un intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos.
Aunque el aseguramiento representa un avance en el caso, no significa que Gómez Mont será trasladada de manera inmediata a México ni que exista una sentencia en su contra. Su situación ante las autoridades estadounidenses y una posible solicitud de extradición deberán resolverse mediante los procedimientos legales correspondientes.
FGR confirma el aseguramiento de Inés Gómez Mont en Estados Unidos
La Fiscalía General de la República dio a conocer que Inés Gómez Mont fue asegurada en Miami, donde permanece sujeta a la jurisdicción de las autoridades estadounidenses. En México, la exconductora cuenta con una orden de aprehensión vigente por defraudación fiscal equiparada.
En su comunicado, la dependencia explicó que la acción se derivó de la colaboración con el Gobierno de Estados Unidos y reiteró que la acusación se relaciona con la probable participación de Gómez Mont en un delito de carácter fiscal.
Además de esta imputación, la exconductora es investigada por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, y peculado. Estas acusaciones se vinculan con una investigación sobre el supuesto desvío de recursos públicos a través de empresas.
Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, permanecieron fuera del alcance de las autoridades durante varios años, mientras avanzaban las investigaciones en su contra.
¿De qué se acusa a Inés Gómez Mont y a su esposo?
La FGR informó que en noviembre de 2019 abrió una carpeta de investigación contra Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, otras personas y diversas empresas, por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los involucrados habrían utilizado empresas para simular operaciones comerciales y emitir facturas presuntamente falsas. El esquema habría servido para disminuir obligaciones fiscales, encubrir movimientos de dinero y realizar operaciones de lavado.
La investigación también contempla la posible intervención de operadores financieros y servidores públicos que, según la FGR, habrían facilitado contratos irregulares con el sistema penitenciario federal.
Entre los elementos del expediente se encuentran dos contratos relacionados con Centros Federales de Readaptación Social, cuyo valor conjunto ascendería a dos mil 950 millones de pesos. La Fiscalía señaló que una de las empresas investigadas habría recibido más de dos mil 500 millones de pesos.
La dependencia indicó que obtuvo órdenes de aprehensión contra personas señaladas como probables responsables y que se promovieron mecanismos de colaboración internacional para localizar a quienes habían salido del país. Las acusaciones, sin embargo, deberán ser acreditadas ante un juez.
¿Cuántos años de prisión podría recibir?
La delincuencia organizada sería el delito con la sanción más elevada entre las acusaciones referidas en el caso. La legislación mexicana contempla penas de entre 20 y 40 años de prisión, dependiendo de las circunstancias y de la conducta que se logre demostrar durante el proceso.
Por operaciones con recursos de procedencia ilícita, las sanciones pueden alcanzar de 5 a 15 años de cárcel, además de multas. En cuanto al peculado, la pena se determina conforme a factores como el monto de los recursos involucrados y la participación que se atribuya a cada persona.
La acusación por defraudación fiscal equiparada también contempla distintos rangos de prisión, establecidos en el Código Fiscal de la Federación, de acuerdo con la cantidad presuntamente defraudada:
- De 3 meses a 2 años de prisión, cuando el monto no exceda dos millones 531 mil 920 pesos.
- De 2 a 5 años, si la cantidad supera esa cifra, pero no rebasa tres millones 797 mil 870 pesos.
- De 3 a 9 años, cuando el monto sea mayor a tres millones 797 mil 870 pesos.
- De 3 meses a 6 años, si no es posible determinar la cantidad.
Las sanciones pueden modificarse si se acreditan circunstancias agravantes. No obstante, los rangos de prisión no significan que Gómez Mont recibirá automáticamente la pena máxima: la responsabilidad penal y la sanción correspondiente tendrían que determinarse mediante una resolución judicial.
La extradición no sería automática
Tras el aseguramiento en Miami, uno de los pasos posibles sería que México solicitara formalmente la entrega de Inés Gómez Mont para que comparezca ante un juez. Para iniciar ese procedimiento, las autoridades mexicanas tendrían que presentar la documentación judicial y los argumentos que sustenten la petición ante Estados Unidos.
La defensa de la exconductora podría cuestionar la solicitud o recurrir a mecanismos legales para impugnar una eventual extradición. Por ello, su traslado al país dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes en ambos países.
La cancelación de una ficha roja de Interpol tampoco anula por sí sola una orden de aprehensión emitida por un juez mexicano. Según la información del caso, las fichas rojas de Gómez Mont y Álvarez Puga fueron retiradas el 25 de septiembre de 2026, luego de un procedimiento impulsado por su defensa.
Ante esa situación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el Gobierno de México buscaría una explicación y trataría de reactivar las alertas. La ausencia de una ficha roja puede limitar una localización internacional basada exclusivamente en ese mecanismo, pero no impide que México tramite una solicitud de extradición por los canales judiciales y diplomáticos.
En caso de ser entregada, Gómez Mont quedaría a disposición de un juez de control. La FGR tendría que formular las imputaciones y solicitar que sea vinculada a proceso, mientras que el juzgador analizaría los elementos presentados para resolver su situación jurídica.
Por el momento, el aseguramiento en Estados Unidos no equivale a una condena. La posibilidad de que enfrente una pena de hasta 40 años de prisión dependerá de que sea trasladada a México, procesada y declarada culpable del delito correspondiente.
Fuente: Tribuna del Yaqui