Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones la llamada ‘Ley Antimemes‘, una reforma que castiga con uno a cinco años de cárcel y multas de entre mil y 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) equivalentes en 2026 a montos de 117 mil a más de un millón 100 mil de pesos a quien replique o imite la identidad gráfica institucional con fines de engaño.
Tras el aval definitivo, la organización Artículo 19 externó su rechazo al decreto al advertir que la ambigüedad en su redacción podría criminalizar contenidos informativos, críticos, artísticos o satíricos, vulnerando la libertad de expresión.
La norma, que también endurece penas por piratería hasta con 10 años de prisión, quedó en manos del Ejecutivo Federal para su posible observación o promulgación.
Aprobación de la ‘Ley Antimemes’
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 312 votos a favor en lo general y 281 en lo particular, tras rechazar las 177 reservas presentadas por la oposición. Entre las propuestas descartadas destacó la inclusión de una cláusula que protegiera la sátira, la parodia y el periodismo frente al uso de la identidad gráfica gubernamental.
El artículo 403 Bis contempló sancionar a quien reprodujera, imitara o incorporara logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales de dependencias de los tres órdenes de gobierno.
La reforma sancionaba el uso comercial de identidades gráficas falsas con apariencia de autenticidad, siempre que existiera dolo de engañar y cometer delitos haciéndose pasar por una institución oficial. El propósito central de esta disposición era combatir el fraude digital, los trámites apócrifos y los sitios web fraudulentos.
Artículo 19 pide separar fraude de la sátira política
Si bien Artículo 19 reconoció que combatir el fraude es un objetivo legítimo, advirtió que este fin no justifica el uso de leyes ambiguas que pongan en riesgo a periodistas, activistas, artistas y ciudadanos críticos.
Exige Artículo 19 frenar la ‘Ley Antimemes’: advierte que castiga la sátira y limita la libertad de expresión
La organización explicó que los emblemas oficiales se emplean comúnmente en cartones, montajes y parodias políticas, por lo que una norma sin excepciones claras se presta a la aplicación discrecional.
Conceptos imprecisos como “escala comercial” o “inducir al error” quedan a merced de jueces y fiscales, generando un clima de incertidumbre y propiciando la autocensura. Aunque en el pleno de San Lázaro se propuso blindar la sátira y el periodismo, la iniciativa fue rechazada.
Los críticos de la reforma insistieron en que el objetivo debió limitarse a castigar estafas y páginas falsas, sin criminalizar publicaciones carentes de intenciones fraudulentas. La organización consideró que la falta de una salvaguarda explícita podía ampliar el margen para perseguir publicaciones que emplearan símbolos institucionales con fines de cuestionamiento.
Artículo 19 recalcó que los ciudadanos no deben perder la facultad de indagar, informar y ejercer la sátira contra las autoridades.
Cuestiona una posible presunción de dolo
Otro de los puntos críticos señalados por la organización fue el cambio al artículo 429 del Código Penal Federal, que establece como dolosos estos ilícitos. Para Artículo 19, esta fórmula abre la puerta a presumir la culpabilidad e invertir indebidamente la carga de la prueba, obligando al acusado a demostrar que no era su intención defraudar.
La organización también rechazó que el T-MEC justifique vulnerar derechos fundamentales y solicitó al presidente vetar temporalmente el decreto. El objetivo, insistieron, es que el Legislativo corrija la norma para sancionar los fraudes comerciales sin poner en riesgo la libertad de expresión y la sátira.
Fuente: Tribuna del Yaqui