Villahermosa, Tabasco.- Este viernes 25 de septiembre, durante ‘La Mañanera del Pueblo’, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación sobre Gas Natural del Noroeste, empresa vinculada al aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, que estuvo en el centro de los hechos que ocasionaron, días después, la destitución del entonces delegado estatal de la FGR, Juan Francisco Vera Ayala.

FGR indaga permisos de empresa tras decomiso millonario de combustible en Guanajuato

Durante una conferencia de prensa ofrecida desde Villahermosa, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que las autoridades federales continúan evaluando los permisos de la compañía involucrada. Asimismo, detalló que toda la operación de aseguramiento se originó directamente en la delegación estatal de la FGR en Guanajuato, operando sin la participación preliminar de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

La mandataria precisó que la delegación estatal de la FGR en Guanajuato actuó de forma autónoma en las primeras diligencias.  Ninguna fiscalía especializada de la Ciudad de México participó en el arranque del procedimiento.

La mandataria federal explicó que la FGR notificó al Gobierno sobre este caso justo cuando ella realizaba una visita a Guanajuato, anticipando en ese momento que las investigaciones seguirían su curso y derivarían en probables aprehensiones. No obstante, la situación dio un giro cuando la Fiscalía General atrajo el expediente para turnarlo a la Femdo, esto después de que los dueños del predio aseguraran contar con su documentación completamente en regla.

Dicha unidad especializada ya encabezaba una indagatoria de mayor alcance enfocada en el tráfico ilícito de combustibles a nivel nacional. Fue a partir de esta atracción del caso cuando se intensificó la revisión exhaustiva de los hechos.

Al respecto, la titular del Ejecutivo federal subrayó que el proceso “todavía no termina”, ya que las autoridades continúan corroborando si las actividades de la compañía se apegan estrictamente a sus autorizaciones legales o si incurren en alguna anomalía.

Harfuch detalla la cronología del caso y la destitución del delegado

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló la cronología de las acciones. Aclaró que el hallazgo se registró dos semanas antes de su difusión pública y que este no provino de un solo despliegue, sino de una serie de dos o tres diligencias complementarias.

Asimismo, Harfuch enfatizó que la intervención no se originó en la Femdo, sino que el punto de partida estuvo en la propia delegación estatal, respaldada por reportes de la Policía Estatal. El funcionario detalló que fueron la delegación y corporación estatal quienes hicieron público el aseguramiento, momento en el cual la FGR detectó inconsistencias que propiciaron que la instancia federal atrajera el expediente.

Finalmente, García Harfuch confirmó que las fuerzas federales colaboraron desde el inicio de las indagatorias, reiterando que fue la representación de la FGR en Guanajuato la que dio curso a la investigación a partir de la información recabada a nivel estatal.

El titular de la Secretaría de Seguridad admitió que, en ese momento, no se contaba con elementos suficientes para confirmar que el hidrocarburo incautado tuviera un origen ilícito (huachicol). Por esta razón, la carpeta de investigación fue turnada a la Femdoy a la dirección especializada en hidrocarburos, siendo estas las áreas facultadas para esclarecer la procedencia legal del producto.

García Harfuch explicó las razones detrás de la remoción de Vera Ayala, señalando que el equipo de la fiscal general detectó diversas irregularidades en la ejecución del operativo. Entre las principales anomalías destacó el retraso de dos semanas en la notificación pública del hallazgo, sumado a la falta de una revisión exhaustiva previa de la documentación correspondiente.

Actualmente, la Fiscalía General de la República se encuentra examinando a detalle todos los papeles entregados por las compañías implicadas desde el momento de la primera incautación. El objetivo de esta auditoría es determinar con precisión si existen anomalías o violaciones en sus permisos de funcionamiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui