Ciudad de México.- La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) solicitó que la transición hacia los pagos electrónicos en México no se imponga como una obligación regulatoria, sino mediante incentivos al consumidor y gradualidad regional; además, advierte que dicha iniciativa no es viable.
¿Cuál es el propósito de esta iniciativa?
Tras la presentación de la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, por parte del Ejecutivo Federal en la Cámara de Diputados, el pasado 8 de septiembre de 2026, el sector gasolinero aclaró que dicha propuesta no ordena la eliminación inmediata del efectivo en las estaciones de servicio, al ser un proyecto que aún se encuentra pendiente de dictamen en comisiones.
Entre sus principales puntos, la iniciativa crea el mecanismo para que después la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determine sectores estratégicos y actividades relevantes donde el pago digital sea la única forma de pago aceptada. La ley no nombra expresamente a las estaciones de servicio, pero tampoco las excluye, y contempla una excepción por contingencia cuya definición reglamentaria aún no existe.
¿Qué riesgos detecta la Onexpo?
La Onexpo destacó que la decisión sobre el medio de pago debe corresponder al consumidor y no al establecimiento, advirtiendo sobre riesgos regulatorios, financieros y operativos, como fallas en terminales, conectividad, suministro eléctrico o sistemas bancarios que podrían paralizar la venta de combustibles.
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Principios clave para la implementación de la normativa
Para mitigar estos impactos, propusieron una serie de principios para el desarrollo de la regulación secundaria, entre los que destaca priorizar los incentivos al consumidor antes que las sanciones al comercio, considerando que existen más de 25 millones de personas fuera del sistema bancario, según cifras de la Asociación de Bancos de México citadas por la organización.
Además, plantearon que se realice una implementación gradual por regiones supeditada a la cobertura real de conectividad, garantizar la continuidad del suministro mediante un protocolo claro de contingencia que permita el cobro en efectivo ante fallas tecnológicas y mantener esquemas de comisiones cercanas a cero para evitar el encarecimiento del litro.
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También sugirieron dar neutralidad a herramientas del Banco de México como CoDi y Dimo, además de deslindar de responsabilidad jurídica a las estaciones cuando la interrupción del servicio derive de fallas de terceros.
La organización del sector propuso a la SHCP que el avance de cada fase de la ley se determine a través de indicadores medibles y verificables, como penetración de cuentas, disponibilidad de terminales y tasa de fallas en redes, antes de establecer fechas definitivas a escala nacional.
Fuente: Tribuna del Yaqui