Ciudad de México.- Mónica Calles Miramontes, abogada y consultora especializada en materia electoral, denunció públicamente haber sido notificada por la Fiscalía General de la República (FGR) de una denuncia penal acompañada de medidas de protección, procedimiento que atribuyó a los señalamientos que ha realizado contra funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).
¿Cuál es el motivo de la denuncia?
A través de una publicación difundida en su cuenta de X, Calles calificó el episodio como una persecución de Estado y sostuvo que la actuación de la FGR se produjo después de que, en su calidad de abogada, defendió a una de sus clientas y difundió videos en los que exhibe presuntas violaciones a derechos por parte de funcionarios públicos del INE.
Si el INE no garantiza derechos, menos garantizará la democracia”, escribió la abogada, quien cuestionó el contenido de la notificación que recibió y afirmó que el documento no le permite conocer con claridad cuál es el delito que se le atribuye
De acuerdo con su versión, la denuncia hace referencia a supuestos actos de intimidación, pero no precisa en qué habrían consistido ni identifica a la persona que presentó la denuncia. Calles aseguró que entre las restricciones notificadas se encuentra no molestar, intimidar o emitir expresiones que denigren a la persona considerada víctima.
La acusación de la abogada no implica, por sí misma, que la FGR haya determinado que cometió un delito. Hasta el momento, la información públicamente disponible únicamente permite confirmar que Calles afirma haber recibido una notificación relacionada con una denuncia penal y que ella cuestiona tanto su contenido como la actuación de la Fiscalía.
¿Qué ocurrió durante la diligencia en el INE?
El señalamiento ocurre en medio de una serie de críticas que Calles ha difundido durante las últimas semanas contra el funcionamiento interno del INE. En particular, ha intervenido públicamente en casos relacionados con presunto acoso y hostigamiento laboral dentro del instituto y ha cuestionado decisiones adoptadas por funcionarios de áreas consideradas estratégicas para la organización electoral.
En declaraciones y publicaciones recientes, la abogada ha sostenido que algunos trabajadores y extrabajadores del organismo habrían enfrentado presiones, procedimientos administrativos o condiciones laborales que, desde su perspectiva, podrían constituir un patrón de hostigamiento institucional. Uno de los casos corresponde al de una exfuncionaria electoral identificada en redes sociales como Valeria, quien también ha denunciado presuntas irregularidades y represalias laborales dentro del INE.
Calles acusa intento de intimidación
Tras conocer la investigación, la abogada afirmó que la actuación penal está relacionada con la publicación de los videos y calificó el procedimiento como una persecución derivada de su ejercicio profesional y acusó al INE y a funcionarios del organismo de intentar frenar sus críticas; además, lanzó señalamientos políticos y afirmó que las instituciones electorales se encuentran sometidas al poder político.
Mi voz jamás cederá frente a la intimidación”, expresó en su posicionamiento
Fuente: Tribuna del Yaqui