Ciudad de México.- Antes del inicio del periodo electoral 2026-2027, las autoridades administrativas de la Ciudad de México emitieron un fallo contra quien gobernó la alcaldía Cuauhtémoc durante el periodo 2021 a 2024. La sanción impide que Sandra Cuevas pueda postularse u ocupar cualquier puesto del servicio público durante 1 año.
El expediente principal se vincula directamente a las acciones que la entonces alcaldesa ejecutó durante el despliegue de reordenamiento comercial denominado ‘Operativo Diamante’.
¿Qué opina Sandra Cuevas?
Tras hacerse pública la medida que frena sus aspiraciones en la administración pública a corto plazo, la exalcaldesa utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la resolución. A través de una publicación realizada en la red social X, Cuevas expresó:
¡Uy, estoy bien preocupada! Volvería hacer todo igual. No me arrepiento”.
Su responsabilidad administrativa
El expediente del juicio de responsabilidad administrativa señala que Sandra Cuevas incurrió en faltas graves vinculadas al exceso en el desempeño de sus funciones en 2023. Información divulgada por el periodista Arturo Ángel indica que los reclamos presentados por ciudadanos afectados originaron las investigaciones por parte del Órgano Interno de Control en la demarcación.
Posteriormente, la Primera Sala Ordinaria en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal resolvió que existieron irregularidades sustanciales durante las acciones aplicadas.
Entre los elementos considerados por los juzgadores, destaca que los lineamientos del ‘Operativo Diamante’ no se publicaron en el Diario de la Federación (DOF). Asimismo, la resolución tomó como evidencia diversos videos donde la exalcaldesa ordena de forma directa la recolección y decomiso de enseres.
Omisión de los protocolos
Las acciones señaladas como arbitrarias consistieron en retirar bienes, mobiliario y estructuras de establecimientos en la vía pública sin notificación y sin la verificación de permisos correspondientes. Estas ejecuciones provocaron pérdidas en el patrimonio de los propietarios de los negocios afectando su actividad económica.
La resolución precisa que las diligencias no siguieron lo establecido dentro del procedimiento normativo de “Retiro de Obstáculos en Vía Pública”. Al omitir los pasos marcados por la ley, se sustentó el abuso de funciones que respalda la inhabilitación por un año dictada contra la exalcaldesa.
Fuente: Tribuna del Yaqui