Ciudad de México.- Durante la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de este miércoles 26 de agosto de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, presentó una iniciativa para actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente desde 1988. La propuesta plantea una nueva política de justicia ambiental y contempla 10 principios para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

¿Qué propone la nueva ley ambiental?

Ante los medios de comunicación reunidos en Palacio Nacional, Bárcena explicó que la legislación vigente requiere una actualización porque los desafíos ambientales del país y del planeta han cambiado desde su promulgación. La iniciativa busca fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, conservar, restaurar y cuidar el medio ambiente y los recursos naturales, además de incorporar herramientas que no estaban contempladas en la legislación de 1988.

 

Entre los nuevos elementos se encuentran disposiciones relacionadas con el cambio climático, la restauración ecológica y la economía circular. También se plantea reforzar la prevención de daños ambientales, la participación ciudadana y la certeza jurídica para comunidades e inversiones.

La ley vigente tiene 38 años desde su promulgación, aunque las autoridades la describen como una legislación de casi cuatro décadas.

¿Cuáles son los 10 principios de la propuesta?

La iniciativa presentada por Semarnat contempla 10 principios que buscan establecer la relación entre desarrollo, bienestar, sociedad y protección de la naturaleza.

  1. Patrimonio natural como base de la vida: reconoce los recursos y ecosistemas naturales como fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar.
  2. Justicia social y ambiental: plantea que la justicia social no puede separarse de la justicia ambiental, por lo que la protección de la naturaleza debe beneficiar a las comunidades.
  3. Prevención de daños: prioriza evitar el deterioro ambiental antes que limitarse a reparar sus consecuencias.
  4. Conservación y restauración: propone proteger los ecosistemas y recuperar aquellos que hayan sido dañados para garantizar su permanencia a largo plazo.
  5. Conocimiento científico y técnico: establece que las decisiones y acciones ambientales deben apoyarse en evidencia científica y conocimientos técnicos.
  6. Gestión participativa del territorio: plantea involucrar a la población en la administración del territorio y considerar una perspectiva de largo plazo.
  7. Cultura ambiental: busca fortalecer la conciencia y participación de la sociedad en el cuidado del medio ambiente.
  8. Transición hacia una economía circular: impulsa un modelo que aproveche los recursos y reduzca la lógica de producir, utilizar y desechar.
  9. Protección de defensores ambientales: contempla medidas para proteger a quienes participan en la defensa de la naturaleza y los bienes públicos.
  10. Responsabilidad compartida: establece la protección del patrimonio biocultural como una responsabilidad que corresponde a toda la nación.

¿Qué cambios ambientales contempla la iniciativa?

Uno de los principales cambios es la incorporación de herramientas para enfrentar problemas que no estaban contemplados de la misma manera cuando se promulgó la legislación actual. La propuesta considera el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas como parte de los desafíos que deben abordarse mediante una legislación actualizada.

También incorpora la restauración ecológica y reconoce conceptos como reparación y remediación ambiental. La intención es que la política ambiental no se concentre únicamente en sancionar los daños, sino también en prevenirlos y recuperar los ecosistemas afectados.

La iniciativa busca además vincular los avances científicos y tecnológicos con los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.

Entre las herramientas planteadas está la economía circular, orientada al aprovechamiento de materiales y recursos para disminuir los residuos.

La protección ambiental también se relaciona con la salud. Bárcena señaló que la propuesta busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano, con especial atención a la protección de niñas y niños, en concordancia con el artículo cuarto constitucional.

¿Cómo afectaría la nueva ley a los grandes proyectos?

La propuesta también plantea cambios en la forma de evaluar proyectos de gran escala. Semarnat propone que quienes impulsen grandes proyectos realicen una evaluación estratégica ambiental antes de su desarrollo. La intención es analizar sus posibles impactos de manera integral y no únicamente proyecto por proyecto.

Otro punto consiste en evitar que una obra pueda dividirse artificialmente en varias partes para impedir una evaluación ambiental que considere sus efectos acumulados dentro de una región.

La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión, donde deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una reforma vigente.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia ‘Mañanera del Pueblo’