Ciudad de México.- Durante una entrevista para los medios de comunicación el miércoles 15 de julio, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a que se investiguen los posibles vínculos políticos de cualquier partido con el narcotráfico, tras las declaraciones de Terrance Cole, director de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Congreso está trabajando en acuerdo sobre protección a los derechos humanos

López Rabadán indicó que la Comisión Permanente del Congreso está construyendo un acuerdo para fijar una postura pública y plural sobre la protección de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Resaltó que la muerte del migrante mexicano, Lorenzo Salgado, en Houston, así como otros hechos similares, han causado preocupación en todos los grupos parlamentarios.

Destaco que, como presidenta de la Cámara de Diputados, propuso realizar un documento conjunto que exprese el compromiso del Congreso con la defensa de la vida y los derechos humanos sin fronteras.

Afirmando que no se deben minimizar las declaraciones del director de la DEA en las que acusó que:

Existe una conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno, y ha llegado a señalar que ambos son la misma cosa”.

Respuesta de López Rabadán tras declaraciones de Terrance Cole

La presidenta de la Cámara de Diputados calificó la acusación como una de enorme gravedad y destacó que no debe aceptarse sin pruebas, pero tampoco ignorarse. Asegurando que estas declaraciones obligan a las instituciones mexicanas a actuar con responsabilidad y a demostrar con investigaciones sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y personas en el poder.

Corresponde a las instituciones mexicanas responder con hechos… Se deben realizar investigaciones serias e independientes, presentar resultados comprobables y actuar con absoluta transparencia. México debe demostrar que ninguna autoridad está por encima de la ley, que no hay tolerancia, protección ni impunidad frente a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales”, insistió López Rabadán.

Remarcando que esta exigencia agrega a funcionarios de cualquier partido, nivel de gobierno o responsabilidad.

Si las investigaciones acreditan que algún funcionario de cualquier partido, gobierno o nivel de responsabilidad tiene vínculos, brinda protección o utiliza recursos públicos al servicio de una organización criminal, esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada. Con todo el peso de la ley. No puede haber encubrimiento, protección política ni cálculos partidistas”, puntualizó.

López Rabadán se refirió a la atención especial que requieren los casos de Baja California ySinaloa, donde existen señalamientos públicos sobre posibles relaciones entre autoridades y el crimen organizado. Remarcando que no se puede afirmar que los funcionarios sean cómplices, pero tampoco se puede descartar esa posibilidad solo con declaraciones políticas.

Fuente: Tribuna del Yaqui