Ciudad de México.- Durante la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de este miércoles 15 de julio de 2026, el Gobierno de México presentó la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la que busca unificar la legislación en todo el país. La propuesta contempla penas de 50 a 70 años de prisión, nuevas agravantes y protocolos obligatorios para las fiscalías.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum firmará la iniciativa para enviarla al Congreso de la Unión, donde será discutida y, en su caso, aprobada. El objetivo es homologar la definición del delito, fortalecer las investigaciones y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias.

 

¿Por qué se propone una nueva Ley General de Feminicidio?

El Gobierno Federal señaló que actualmente existen diferencias importantes entre las 32 entidades federativas en la manera en que se tipifica el feminicidio. Cada estado establece criterios distintos sobre las razones de género, agravantes, sanciones y procesos de investigación, lo que genera desigualdad en el acceso a la justicia.

Además, se identificó que muchas investigaciones presentan fallas debido a la clasificación incorrecta de muertes violentas de mujeres, la falta de análisis del contexto de violencia y la ausencia de estándares nacionales con perspectiva de género.

Otro de los problemas detectados es que diversas fiscalías carecen de protocolos homologados y obligatorios, así como de mecanismos de información que permitan identificar antecedentes de violencia o contextos de riesgo para las víctimas.

¿Qué cambios contempla la nueva ley?

Uno de los principales cambios consiste en homologar el tipo penal en todo México. La iniciativa establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Para ello, se consideran 10 razones de género, entre las que destacan:

  • La existencia de violencia sexual
  • Antecedentes de violencia contra la víctima
  • Delitos motivados por estereotipos o prejuicios de género
  • Relaciones marcadas por asimetrías de poder.

La propuesta también fija una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión para quienes sean responsables del delito.

Además, incorpora 19 agravantes que permitirán incrementar la sanción cuando la víctima sea una niña, adolescente o adulta mayor; esté embarazada; viva con alguna discapacidad; sea periodista, defensora de derechos humanos o persona migrante, así como cuando el agresor sea servidor público o el ataque incluya ácido o sustancias inflamables.

La tentativa de feminicidio también será sancionada con penas equivalentes de la mitad a dos terceras partes de la condena prevista para el delito consumado.

¿Qué otras sanciones y medidas incluye la iniciativa?

La propuesta incorpora consecuencias adicionales para las personas responsables del delito. Entre ellas se encuentran la pérdida de derechos sucesorios, de la patria potestad, de la tutela, de la guarda y custodia, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público cuando corresponda.

Asimismo, la iniciativa elimina la posibilidad de aplicar excusas absolutorias o circunstancias atenuantes en casos de feminicidio.

Otro cambio relevante es que el delito, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles, por lo que el paso del tiempo no extinguirá la posibilidad de investigar, sancionar o exigir justicia.

¿Cómo cambiarán las investigaciones por feminicidio?

La iniciativa también modifica la forma en que deberán actuar las fiscalías de todo el país. Las autoridades estarán obligadas a investigar cada caso con perspectiva de género, aplicar protocolos especializados y analizar antecedentes de violencia, incluso cuando no existan denuncias previas.

Asimismo, todas las muertes violentas de mujeres deberán investigarse inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, con el propósito de evitar una clasificación incorrecta del delito durante las primeras etapas de la investigación.

El proyecto también establece que las investigaciones deberán orientarse al esclarecimiento de los hechos, la reparación integral del daño, la eliminación de estereotipos de género y la adopción de medidas de igualdad sustantiva.

Finalmente, contempla una protección reforzada para niñas, niños y adolescentes que queden en situación de orfandad como consecuencia de un feminicidio, como parte de una estrategia integral de atención a las víctimas indirectas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia ‘Mañanera del Pueblo’