Ciudad de México.- El país mexicano obtuvo 0.64 en el primer Índice de Inclusión LGBTIQ+ México 2026, una calificación que ubica al país en un nivel de inclusión medio-bajo y confirma que la seguridad y educación siguen siendo los principales pendientes para garantizar la igualdad de las personas de la diversidad sexual y de género.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó este lunes 29 de junio de 2026 dicho estudio que evalúa por primera vez el nivel de inclusión de las personas LGBTIQ+ en México mediante 51 indicadores agrupados en cinco dimensiones: participación política y cívica, salud, bienestar económico, educación y seguridad personal y violencia.
Daniel Vargas, representante del PNUD en México, afirmó durante la presentación del informe que la medición busca visibilizar una realidad que durante años ha permanecido fuera de las estadísticas oficiales. Asimismo, señaló que la dimensión de seguridad personal y violencia fue la peor evaluada del índice, con una puntuación de 0.43, debido a deficiencias legales, institucionales y de generación de información.
Menores intersexuales desprotegidos de cirugías en México
Entre los principales hallazgos destaca que México carece de una legislación federal que proteja a niñas, niños y adolescentes intersexuales de cirugías de normalización realizadas sin su consentimiento; tampoco existen programas obligatorios de capacitación para jueces, policías y personal penitenciario en materia de derechos de la población LGBTIQ+.
Además, el estudio revela la ausencia de un sistema oficial que registre la violencia contra esta población. Actualmente, el seguimiento de asesinatos y agresiones recae principalmente en organizaciones de la sociedad civil, lo que el informe considera un vacío institucional. Entre 2014 y 2025 se documentaron 739 asesinatos y desapariciones de personas LGBTIQ+; mujeres trans concentraron 69 por ciento de las víctimas.
No hay ambientes escolares seguros para la comunidad LGBTIQ+
Por otro lado, la educación también fue una de las dimensiones peor evaluadas del índice, al obtener una calificación de 0.48, considerada como un nivel bajo de inclusión. El informe resalta que existen vacíos en la implementación de políticas públicas, una cobertura legal incompleta y desigualdades en los logros educativos de la comunidad LGBTIQ+ frente al resto de la población.
Aunque existen leyes y protocolos para prevenir la discriminación y la violencia en las escuelas, el indicador sobre la aplicación efectiva de estas políticas obtuvo apenas 0.08, lo que evidencia que los marcos normativos no se traducen en ambientes escolares seguros para estudiantes de la diversidad sexual y de género.
La ley frente a la realidad
El informe señala que existe una profunda brecha entre los avances legislativos y la realidad cotidiana de las personas LGBTIQ+. Si bien el país cuenta con un marco jurídico más sólido que hace una década, persisten obstáculos para acceder a servicios de salud sin discriminación, permanecer en la escuela, obtener empleos dignos y vivir libres de violencia.
Fuente: Tribuna del Yaqui