Chihuahua, Chiahuahua.- Maru Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, pidió al gobierno federal entregar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa desde mayo de 2026, argumentando que la soberanía nacional no debe utilizarse para proteger la impunidad de funcionarios públicos.
Campos Galván cuestionó el argumento de defensa de la soberanía nacional en casos de funcionarios acusados. La postura de la gobernadora panista contrasta con las posiciones federales respecto a entregas de ciudadanos a autoridades extranjeras, especialmente estadounidenses.
¿Cuáles son los argumentos de Maru Campos sobre la soberanía?
La gobernadora de Chihuahua enfatizó que invocar la soberanía para escudar a servidores públicos bajo investigación genera impunidad institucional. Campos sostuvo que proteger la integridad del sistema de justicia debe ser prioridad sobre consideraciones geopolíticas unilaterales.
Rocha Moya se encuentra con licencia temporal desde mayo de 2026. En su lugar ejerce el cargo Geraldine Bañuelos García, también de Morena, quien actúa como gobernadora interina de Sinaloa durante la ausencia del titular.
¿Qué implica la licencia de Rocha Moya en el gobierno sinaloense?
La licencia temporal del gobernador titular de Sinaloa permite al gobierno estatal continuar sus funciones bajo liderazgo interino. Esta situación ha generado tensiones políticas entre gobiernos de diferente filiación partidista respecto a cómo proceder en casos de funcionarios con presunta responsabilidad penal.
Campos Galván es miembro del Partido Acción Nacional y encabeza el gobierno de Chihuahua desde 2022. Su declaración refleja diferencias ideológicas entre gobiernos morenistas y de oposición sobre el manejo de asuntos de seguridad y justicia a nivel federal.
La posición de la gobernadora panista busca cuestionar lo que considera un uso instrumentalizado de principios de soberanía estatal. Campos argumentó que los gobiernos tienen responsabilidad de colaborar con investigaciones cuando existan indicios de ilicitud en funcionarios públicos.
El tema mantiene vigencia en la agenda política nacional a tres meses de las elecciones intermedias federales programadas para el 5 de julio de 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas del país, además de miles de cargos locales.
Fuentes: Tribuna del Yaqui