Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina de este 16 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe un plazo definido para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregue las pruebas que sustenten las acusaciones contra 10 mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La mandataria explicó que los tiempos legales aplican únicamente cuando se trata de un proceso formal de extradición, situación que, afirmó, no corresponde al caso actual.

Solicitud es de detención urgente, no de extradición formal

Sheinbaum detalló que la petición realizada por una oficina del Departamento de Justicia estadounidense consiste en una solicitud de detención urgente con fines de extradición.

No hay plazo. Habría plazos si fuera un juicio formal de extradición. En este caso, lo que pidió una oficina en el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente con fines de extradición”, señaló desde Palacio Nacional.

La presidenta insistió en que hasta el momento las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas que acrediten las acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con actividades de tráfico de drogas.

México insiste en que no existen evidencias

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que la falta de elementos probatorios impide justificar una detención urgente.

Explicó que, en caso de que la solicitud sea rechazada por ausencia de evidencias, Estados Unidos todavía tendría la posibilidad de promover una solicitud formal de extradición, la cual requeriría la presentación de pruebas y el cumplimiento de un procedimiento judicial más amplio.

Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ninguna pruebas. Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la fiscalía”, afirmó.

Un eventual proceso requeriría juicio

Sheinbaum precisó que una solicitud formal de extradición implicaría la apertura de un juicio y diversas etapas procesales, durante las cuales las autoridades estadounidenses tendrían que acreditar legalmente las acusaciones.

Añadió que cualquier procedimiento de esta naturaleza debe apegarse a los mecanismos de cooperación judicial establecidos entre ambos países.

Rocha Moya no cuenta con protección federal

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Rocha Moya no ha solicitado medidas de protección al Gobierno de México y que tampoco le han sido asignados escoltas por parte de instancias federales.

El no solicitó medidas de protección, ni el gabinete de seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del Gobierno Federal. En su calidad de exgobernador tiene funcionarios y escolta del gobierno del estado”, explicó.

El funcionario agregó que la seguridad del mandatario con licencia proviene de corporaciones estatales de Sinaloa.

Ningún señalado tiene resguardo federal

García Harfuch indicó además que ninguno de los otros exfuncionarios mencionados por las autoridades estadounidenses cuenta con protección otorgada por dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la Fiscalía General de la República.

Las declaraciones se producen después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara a 10 mexicanos, incluido Rocha Moya, por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.

Fuente: Tribuna del Yaqui