Ciudad de México.- Joel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán en Oaxaca, fue asesinado el 13 de junio tras haber solicitado protección federal el 11 de mayo en una mesa de seguridad, confirmó el Partido Acción Nacional. El caso registra una brecha de más de un mes entre la petición de medidas de seguridad y el homicidio del edil.
El PAN detalló que Bravo Martínez presentó su demanda de protección durante una reunión de análisis de seguridad celebrada el 11 de mayo. Los registros de la mesa indican que el alcalde expuso la situación de vulnerabilidad que enfrentaba en su municipio. No se especificó en el comunicado qué respuesta recibió a su solicitud en esa fecha.
La ejecución ocurrió tres días antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en territorio mexicano. El evento deportivo comenzó el 11 de junio en el Estadio Azteca con la participación de la selección mexicana, mientras el estado de Oaxaca seguía registrando incidentes de violencia contra autoridades locales.
¿Cuál fue el contexto de seguridad en San Miguel Amatitlán?
San Miguel Amatitlán es un municipio ubicado en la región Valles Centrales de Oaxaca. El asesinato de su presidente municipal forma parte de una serie de homicidios de autoridades locales que han ocurrido en diferentes entidades del país durante 2026. El municipio no ha sido identificado previamente como zona de operaciones de grupos criminales específicos según reportes públicos anteriores.
El PAN señaló que el caso de Bravo Martínez guarda similitudes con el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, quien fue ejecutado en circunstancias que también involucraban presuntas debilidades en la ejecución de medidas de protección solicitadas. Ambos casos exponen un patrón de autoridades municipales que enfrentan amenazas concretas sin recibir respuestas efectivas de seguridad federal.
¿Qué implica esta ejecución para las autoridades municipales?
El asesinato de un alcalde que había solicitado protección oficial cuestiona los mecanismos de respuesta de las mesas de seguridad a nivel federal y estatal. Bravo Martínez participó formalmente en un proceso institucional diseñado para atender solicitudes de protección, sin embargo no logró obtener medidas que garantizaran su integridad física antes del 13 de junio.
Oaxaca es uno de los 32 estados bajo la administración de gobiernos de distintas fuerzas políticas. El estado está gobernado por Alejandro Murat Hinojosa del Partido Revolucionario Institucional. La coordinación entre gobiernos estatales y autoridades federales en materia de seguridad ha sido un punto de fricción continua en múltiples entidades durante 2026.
El PAN formalizará posiblemente una queja ante instancias federales de derechos humanos. La organización política ya cuenta con antecedentes de denuncias contra procesos de protección que no lograron evitar homicidios de autoridades afiliadas. El caso de Bravo Martínez será documentado como evidencia de fallas sistémicas en los protocolos de seguridad para funcionarios públicos locales.
Fuente: Tribuna del Yaqui