Ciudad de México.- Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación Estatal de Sinaloa, se entregó a las autoridades estadounidenses en días recientes. Almanza era buscado por su presunta participación en labores de protección hacia integrantes de la organización criminal ‘Los Chapitos’, rama de la estructura delictiva liderada por descendientes del capo Joaquín Guzmán Loera.
La entrega del exfuncionario representa un cambio en sus declaraciones previas realizadas ante la Fiscalía General de la República en Culiacán. Durante una comparecencia ante la FGR días antes de su entrega, Almanza manifestó públicamente que carecía de intención de someterse a la jurisdicción de la justicia estadounidense, según lo informado por fuentes de investigación.
Las autoridades de Sinaloa mantienen en revisión los casos de funcionarios estatales que colaboraron con estructuras de crimen organizado durante los últimos años. Almanza figura entre los exfuncionarios cuya trayectoria en cargos de seguridad ha sido objeto de escrutinio posterior a su salida de funciones en la entidad.
¿Cuáles fueron los delitos que se le atribuyen al exfuncionario?
La investigación contra Almanza se centra en su presunta complicidad con Los Chapitos mediante el acceso privilegiado que su cargo en la PDI Estatal le proporcionaba. ‘Los Chapitos’ operan como una de las principales facciones de poder en Sinaloa y mantienen conflictos con otras organizaciones delictivas de la región, lo que ha generado violencia recurrente en el estado durante los últimos años.
Su rol dentro de la Policía de Investigación Estatal le habría permitido acceder a información clasificada, proporcionar escudos de seguridad y alertas sobre operativos destinados contra la organización criminal que presuntamente protegía. Tales conductas constituirían delitos federales perseguibles tanto en México como en Estados Unidos bajo disposiciones de lavado de dinero y asociación delictuosa.
¿Qué implica la entrega voluntaria de un exfuncionario a autoridades estadounidenses?
La entrega voluntaria de un exfuncionario perseguido sugiere disposición para cooperar en procesos judiciales o cambios en estrategia legal de defensa. La comparecencia previa ante la FGR en Culiacán pudo haber servido como parte de gestiones legales previas a su traslado a jurisdicción estadounidense, donde enfrenta cargos específicos relacionados con narcotráfico y corrupción.
Los registros de colaboradores de organizaciones criminales que se entregan voluntariamente suelen estar vinculados a acuerdos de sentencias reducidas o condiciones especiales de encarcelamiento. Almanza, al entregarse a autoridades estadounidenses, acepta someterse a tribunales federales del país del norte con procedimientos distintos al sistema penal mexicano.
La Fiscalía General de la República continúa documentando casos similares de funcionarios estatales en Sinaloa que mantuvieron vínculos con estructuras criminales. Almanza es una de las figuras de seguridad que ha transitado del anonimato institucional al escrutinio federal tras evidencia de colusión con grupos delictivos organizados.
Su caso refleja una pauta identificada por autoridades en estados como Sinaloa, donde la permeabilidad de instituciones de seguridad permitió infiltración de actores criminales en niveles operativos y de toma de decisiones. La entrega a tribunales estadounidenses incluirá procedimientos de extradición formal, aunque en casos de entrega voluntaria estos trámites se pueden agilizar sustancialmente.
Fuente: Tribuna del Yaqui
