Chihuahua.- Once diputados locales de Chihuahua entregaron una solicitud formal de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos Galván, según informaron los propios legisladores. La acción se fundamenta en la entrada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense al territorio chihuahuense sin los protocolos de coordinación establecidos.
Los diputados que presentaron la solicitud argumentan que la presencia de agentes de la CIA en la entidad constituye una violación de soberanía estatal. El procedimiento de juicio político requiere que la solicitud sea analizada por las autoridades competentes antes de proceder con trámites posteriores.
Maru Campos Galván lidera el gobierno de Chihuahua desde su toma de posesión en la actual administración estatal. La gobernadora representa al Partido Acción Nacional en la entidad. Este es el primer movimiento legislativo de tal magnitud en su contra desde el inicio de su mandato.
¿Cuáles son los argumentos detrás de la solicitud?
Los legisladores que firmaron el documento señalaron que la entrada de operativos estadounidenses sin notificación previa a las autoridades estatales representa un precedente grave. Indicaron que cualquier operación de inteligencia extranjera en el territorio debe coordinar con los gobiernos locales conforme a los tratados internacionales ratificados por México.
La presencia de agentes de la CIA genera preocupación entre los diputados respecto a la autonomía del estado en materia de seguridad. Los legisladores sostienen que el ejecutivo estatal tiene la obligación de garantizar que se respeten los canales diplomáticos establecidos entre México y Estados Unidos.
¿Qué sigue en el proceso de juicio político?
Una vez recibida la solicitud, el Congreso Estatal de Chihuahua debe analizar si reúne los requisitos procedimentales exigidos por la ley. Si es admitida, se abrirá formalmente el proceso de juicio político, que implica etapas de investigación y audiencias donde la gobernadora tendrá derecho de defensa.
El juicio político es un mecanismo previsto en la legislación mexicana para dirimir controversias entre servidores públicos y poderes del estado. El resultado dependerá del análisis de la evidencia presentada y la votación de los legisladores competentes en las etapas posteriores del procedimiento.
Fuente: Tribuna del Yaqui