Madrid, España.- El pasado jueves 15 de octubre del 2026, el caso contra el cantante español, Julio Iglesias, vuelve a tomar relevancia luego de que la Fiscalía de España emitiera un pronunciamiento favorable para que la Audiencia Nacional examine las acusaciones presentadas por dos exempleadas del artista, quienes lo señalan por presuntas agresiones sexuales y malos tratos durante 2021.
El nuevo posicionamiento representa un avance para las denunciantes, después de que una primera denuncia fuera archivada a principios de año, ya que en aquella ocasión, las autoridades consideraron que la Audiencia Nacional no tenía competencia para investigar los hechos, debido a que habrían ocurrido fuera del territorio español y tanto las mujeres como el intérprete de Me Olvidé de Vivir, residían en el extranjero, y de acuerdo con la información difundida sobre el caso, las presuntas víctimas aseguran que los hechos ocurrieron mientras trabajaban en propiedades de Iglesias ubicadas en Bahamas y República Dominicana.
Tras el archivo inicial, ambas volvieron a recurrir a la justicia y presentaron una nueva denuncia en septiembre, y con este antecedente, el informe favorable de la Fiscalía abre la posibilidad de que la Audiencia Nacional analice si existen elementos para iniciar una investigación formal, no obstante, el pronunciamiento no significa que el cantante haya sido declarado culpable ni que el procedimiento judicial haya comenzado formalmente.
Señalamientos por agresiones y condiciones laborales
Las denunciantes cuentan con el respaldo legal de la organización Women’s Link Worldwide, que ha acompañado sus esfuerzos para que las acusaciones sean examinadas por las autoridades españolas, y según los testimonios recopilados por esta organización y Amnistía Internacional, las mujeres acusan al cantante de presunto acoso y agresión sexual, además de señalar que habrían enfrentado restricciones para salir de las propiedades donde trabajaban.
También denunciaron supuestas revisiones frecuentes de sus teléfonos celulares, jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, falta de días de descanso y ausencia de contratos laborales, además que difundieron una carta abierta en la que solicitaron que se respeten sus derechos y se garantice el acceso a la justicia. Su petición busca que las instituciones examinen los hechos denunciados y determinen si corresponde establecer responsabilidades.
Por ahora, el cambio de criterio de la Fiscalía coloca nuevamente el caso en el ámbito judicial español, y la decisión que tome la Audiencia Nacional será clave para conocer si las acusaciones contra el padre de Enrique Iglesias, pueden investigarse formalmente, mientras los señalamientos continúan siendo denuncias pendientes de esclarecimiento.
Fuente: Tribuna del Yaqui