Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este jueves 23 de julio del 2026, rechazó la censura de narcocorridos en eventos públicos, al tiempo que varios municipios del país han implementado restricciones a presentaciones de artistas que interpretan estas canciones, por lo que se pronunció en contra de las limitaciones a la libertad de expresión, aunque reconoció que algunas jurisdicciones locales han optado por prohibir actos que hacen apología a la violencia, el crimen organizado, el consumo de drogas o la misoginia.
Algunos gobiernos municipales argumentan que estas presentaciones artísticas promueven mensajes dañinos para la sociedad. Las restricciones varían en alcance, desde prohibiciones totales hasta limitaciones sobre el contenido específico de las canciones que se pueden interpretar en espacios públicos. Los municipios que han tomado estas decisiones consideran que el contenido de ciertos narcocorridos contradice objetivos de seguridad pública y prevención social.
¿Cuál es la posición de la presidenta sobre la libertad de expresión?
Sheinbaum enfatizó que la libertad de expresión debe protegerse incluso cuando el contenido resulta controversial o desagradable, indicando que la censura no es la solución apropiada para abordar problemáticas sociales asociadas con la violencia o el consumo de drogas, señalando que su postura se alinea con principios constitucionales de libertad artística y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La restricción de narcocorridos en eventos públicos representa un dilema entre la protección de valores sociales y el respeto a derechos constitucionales, pues las autoridades municipales han argumentado que estas medidas buscan evitar la glorificación de actividades criminales, sin embargo, Sheinbaum considera que las prohibiciones directas no constituyen el mecanismo más efectivo para transformar narrativas culturales o reducir influencias negativas.
¿Qué alternativas existen a la prohibición directa?
La presidenta ha planteado que otros enfoques como la educación, la promoción de contenido alternativo y el fortalecimiento de valores culturales pueden ser más efectivos que las censuras, reconociendo que las expresiones artísticas reflejan realidades sociales complejas, incluida la presencia del crimen organizado en ciertos territorios, y la solución, desde su perspectiva, no radica en silenciar estas expresiones sino en abordar las condiciones estructurales que las generan.
Diversos expertos en derechos humanos han señalado que las prohibiciones pueden violar garantías constitucionales, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos ha recibido consultas sobre la legalidad de estas medidas en municipios específicos. Las restricciones cuestionadas incluyen prohibiciones a artistas con historial de interpretación de narcocorridos, independientemente del contenido de sus presentaciones futuras.
La tensión entre seguridad pública y libertad de expresión continúa siendo debatida en foros legislativos y académicos. Municipios que han mantenido restricciones argumentan tener el respaldo de autoridades locales y comunidades afectadas por la violencia. Sheinbaum, sin embargo, enfatizó que cualquier medida de este tipo debe evaluarse cuidadosamente bajo estándares constitucionales y recomendaciones internacionales sobre derechos fundamentales.
Las decisiones municipales sobre restricciones de narcocorridos permanecen vigentes en varias jurisdicciones del país. Algunos gobiernos locales reportan haber mantenido sus políticas pese al pronunciamiento presidencial, justificando sus posturas mediante consultas con colectivos de víctimas de violencia. La próxima sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores incluirá discusiones sobre estándares uniformes para regulaciones culturales en espacios públicos.
Fuente: Tribuna del Yaqui