Ciudad de México.-Este martes 24 de marzo de 2026 se discutirá en laSuprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) la validez de una reforma legal que permite a laUnidad de Inteligencia Financiera(UIF) bloquear cuentas bancarias sin la autorización previa de un juez. De hecho, se trata de un proyecto de la ministraLoretta Ortiz Ahlfy funcionaría cuando existan indicios de operaciones relacionadas conlavado de dineroofinanciamiento al terrorismo.
Han pasado cuatro años desde que entró en vigor la reforma del 11 de marzo de 2022 al artículo 116 Bis 2 de laLey de Instituciones de Crédito,la cual fue impugnada por senadores de oposición mediante una acción de inconstitucionalidad. De igual manera, es necesario aclarar que los legisladores argumentaron que podríaviolar la presunción de inocencia, afectar el debido proceso, además de ocasionar riesgos a la seguridad jurídica e invadir facultades del Ministerio Público. A pesar de esto, se planteadeclarar infundadosestos argumentos yvalidar la reforma.
En dicha propuesta, según información de Milenio, puntualiza Ortiz Ahlf que es momento de que el criterio“evolucione”,pues existe un vacío en casos nacionales: ·De ahí que el vicio de inconstitucionalidad que la entonces Segunda Sala había detectado respecto del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por sí mismo,ya no persiste,bajo la interpretación sistemática entre esa norma y elartículo aquí impugnado“.
También la funcionaria mencionó que el bloqueo de cuentas es unamedida administrativa y cautelar, centrada en la protección del sistema financiero, por lo que no busca lapersecución penal.Además, opera en el plano preventivo con parámetros de seguridad financiera y en cumplimiento de estándares internacionales. Por lo tanto, laSecretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) podría agregar a un individuo a la lista de personas bloqueadas cuando tenga“indicios suficientes”.
Proceso
- Inclusión en la lista de bloqueados
- Bloqueo inmediato de cuentas
- Notificación al cliente
- El implicado cuenta con cinco días hábiles para solicitar audiencia ante el órgano de gobierno.
- En un plazo de diez días deberá llevarse a cabo la audiencia y en ese mismo transcurso el afectado tiene la oportunidad de presentar pruebas.
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— Tribuna Sonora (@TribunaSonora)March 24, 2026
“En un México donde sabemos que en ocasiones las instituciones se utilizan para perseguir a periodistas o a quienes no opinan como el gobernante en turno, resulta muy peligroso”, opinó sobre este asuntoJorge Sepúlveda García,primer vicepresidente de laBarra Mexicana Colegio de Abogados,pues considera que en algún punto las implicaciones de estamedida judicialtienden a ser peligrosas.
Fuente: Tribuna del Yaqui
