Ciudad de México. –Este martes 17 de marzo de 2026, laSuprema Corte de Justiciaavaló la extinción de109 fideicomisosy fondos del entonces Gobierno federal encabezado porAndrés Manuel López Obrador,medida que fue decretada por el Congreso en noviembre de 2020. Cabe recordar que esta decisión se tomó al inicio de la pandemia por Covid-19, con el argumento deconcentrar recursos.
Por lo tanto, elpleno del máximo tribunaldeterminó que el proceso legislativo para eliminarlos no tuvo fallas graves que invalidaran la decisión del Congreso. Tras revisar las impugnaciones presentadas por legisladores de oposición, los ministros concluyeron que estos instrumentos financieros funcionan como mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo yno son garantías fijas para el ejercicio de derechos.
Es importante destacar que, según la resolución, el Estado puede reorganizar sus recursos para mejorar la transparencia y la eficiencia del gasto, siempre y cuandono se vulneren derechos fundamentales.Asimismo, integrantes de la Corte, como su presidente Hugo Aguilar Ortiz, señalaron que la desaparición de estos fideicomisos no implica por sí mismauna afectación a los derechos.

De tal forma que el gobierno federal deberá garantizar la continuidad de los apoyos en sectores como laatención a víctimas, laprotección del medio ambientey eldesarrollo de la ciencia y la tecnología. Ante la desaparición de los fideicomisos, estos apoyos deberán entregarse mediante mecanismospresupuestarios directosu otras alternativas administrativas que den certeza a los beneficiarios.
#Deportes| Se acaban las opciones para Irán en el Mundial 2026; FIFA descarta cambiar sus partidos a México ?uD83CuDF0Ehttps://t.co/pY0MJQ8k2p
— Tribuna Sonora (@TribunaSonora)March 17, 2026
¿Qué pasará?
En general, ladecisión de la Cortesignifica quela reformase mantienetal como fue aprobada, ya que no se encontró queviolaralaConstitución.En los hechos, esto confirma que losfideicomisosdesaparecen demanera definitivay que elCongresotiene la facultad de hacereste tipo de ajustes en el manejo derecursos públicossin que eso implique, por sí solo,afectar derechos.
Fuente: Tribuna del Yaqui
